La Audiencia Nacional absuelve a la etarra 'Anboto' de participar en la colocación de un coche bomba pese a que encontraron sus huellas

En la sentencia, el tribunal, con ponencia del magistrado José Antonio Mora Alarcón, y voto particular de Fernando Andreu, adopta esta decisión al carecer «de una prueba de cargo suficiente para condenar a la procesada».

Dado que Iparraguirre negó su participación en ese atentado, teniendo en cuenta que varios de los testigos que pertenecieron al comando Araba -responsable del intento- indicaron en la vista oral que ninguna mujer participó en los hechos y atendiendo a que sólo uno, Juan Carlos Suescun -quien fuera ertzaina y colaborador de ETA-, sí que la ubicó en el lugar del atentado fallido, el tribunal se centró en la prueba pericial de las huellas dactilares encontradas en uno de los vehículos usados para conocer si efectivamente participó.

Pero la Sala apunta que en 1985 «la única prueba palmaria en este sentido es la correspondiente al dedo pulgar de la mano derecha» de Eusebio Arzallus Tapia, y que de las seis huellas reveladas, cinco sin identificar quedaron archivadas como anónimas. Recuerda que en idéntico sentido se pronunció el oficio de 24 de mayo de 1985 y el de 28 de junio de 1985.

Puesto que 35 años después, en 2019, volvieron a cotejar las huellas y dos agentes sí entendieron que al menos cuatro de ellas pertenecían a Anboto, el tribunal apunta que se enfrentan a dos informes policiales «contradictorios». Resuelve la diatriba dándole más peso al informe de 1985 porque el autor del mismo actuó también como perito y eso «dota a su declaración de más valor».

«La falta de aportación de datos suficientes de dicha contradicción,así como tampoco la aportación de las fotografías de las huellas que se utilizaron en el informe de 2019 ni cualquier otro elemento concluyente, crea una duda racional que no puede devenir en perjuicio de la procesada», añade.

A esto añade el tribunal que tampoco existe corroboración periférica o inferencia alguna que aclare la presencia de Anboto en el lugar de los hechos, y suma que la propia Iparraguirre indicó que no se unió a la banda terrorista ETA hasta finales de los años ochenta.

Este juicio, que se celebró en diciembre de 2020, es el segundo del que sale absuelta tras ser entregada por Francia. El Ministerio Público interesaba para la exdirigente etarra 488 años de prisión como autora de 20 delitos de asesinato en grado de frustración con concurrencia de alevosía, un delito complejo de atentado a agentes de la autoridad en grado de frustración y un delito de estragos en grado de frustración.