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El archivo del 'caso Hiriko' por parte de la Audiencia Provincial de Álava se interpretó a finales de febrero como el portazo definitivo a la causa penal abierta contra cuatro empresarios, dos de ellos con estrecha vinculación al PNV, por el fiasco del ... coche eléctrico vasco. Pero una reciente sentencia de la Audiencia Nacional abre ahora la puerta a que se reconsidere la responsabilidad que tuvieron en este fallido proyecto que 'engulló' cerca de veinte millones en subvenciones públicas. Porque la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo sostiene que, además de desarrollar una investigación, la sociedad empresarial Afypaida estaba obligada a lograr «el diseño, desarrollo y construcción de un nuevo concepto de vehículo urbano» del que tendrían que desarrollar veinte prototipos operativos, se lee en la decisión del tribunal que respalda la reclamación de 6,4 millones de euros (5,7 millones mas intereses) del Ministerio de Economía.
En cualquier caso, esto no supone la reapertura automática del caso sino que la Abogacía del Estado tendrá que enviar primero el fallo judicial a la Fiscalía que, como relatan, deberá determinar si la reciente sentencia permite retomarlo.
Los cuatro empresarios supuestamente implicados son Jesús Echave (un empresario de canteras que llegó a ser consejero de Kutxabank a propuesta de los jeltzales), el exedil de Vitoria Iñigo Antia (persona de confianza del antiguo presidente del ABB Iñaki Gerenabarrena), el joyero José Luis Bengochea y el promotor inmobiliario Fernando Achaerandio. En 2017, el Juzgado de lo Mercantil de Vitoria les condenó a abonar 535.000 euros y quedaron inhabilitados para la gestión de bienes ajenos por dos años. Sin embargo, la causa penal 'encalló' cuando los jueces lo dieron por sobreseído y rechazó imponerles penas de prisión como reclamaba la acusación.
La Audiencia Nacional subraya ahora que la obligación asumida por Afypaida -constituida para cobrar ayudas públicas- no se limitaba a «efectuar el desarrollo de una investigación y de efectuar un gasto presupuestado en una memoria» sino que había media docena de hitos marcados en el contrato y una «finalidad económica y social» que, entre otras cosas, suponía la creación de 6.000 puestos de trabajo. La inmensa mayoría de esos objetivos jamás llegaron a desarrollarse.
El tribunal considera que el proyecto Hiriko resultó frustrado por «dificultades técnicas y agotamiento de financiación, ésta exclusivamente pública». Y es que el sueño del coche eléctrico con 'label' vasco tuvo que bajar la persiana tras recibir una inyección de 5,7 y 8,8 millones de los Presupuestos Generales del Estado negociados entre el PNV y el Gobierno de Zapatero.
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