De Miguel deberá entrar en prisión antes del día 30 y el Gobierno vasco ejecuta su despido

Este trámite, el último para zanjar un proceso que arrancó en 2009 a raíz de la denuncia de la abogada Ainhoa Alberdi, acumulaba semanas de retraso. Con pequeñas correcciones técnicas, el Supremo ratificó el 10 de enero las principales condenas impuestas en 2019 por la Audiencia de Álava en el llamado 'caso De Miguel', pero la notificación oficial ha tardado más de dos meses en llegar; sobre todo, a causa de la huelga que los letrados de la Administración de Justicia protagonizan desde enero. Pero una vez recibida dicha notificación este mismo miércoles, el órgano provincial se ha apresurado a completar el recorrido en apenas un día.

Lo que ha hecho este jueves la Sección Segunda de la Audiencia de Álava fue emitir un auto de firmeza y otro de ejecución por cada uno de los catorce condenados en la trama de comisiones ilegales. Sobre cinco de ellos, todos exdirigentes del PNV, pesan penas de reclusión, aunque en el caso de Iñaki San Juan eludirá su entrada en la cárcel tras haber visto rebajado su castigo por parte del Supremo. A los otros cuatro les da un plazo de diez días hábiles para comparecer ante el tribunal, recoger el mandamiento de ingreso y personarse en un centro penitenciario para comenzar a cumplir sus penas. Si no lo hacen, se requerirá a las autoridades policiales para que procedan a su detención y encarcelamiento.

De Miguel (cumplirá como mucho 9 años), Otxandiano (máximo 6 años y 9 meses), Tellería (5 años y 1 mes) y Sánchez Robles (7 años y 1 mes) ingresarán en prisión en plena precampaña, a apenas dos meses de las elecciones municipales y forales. El PNV, formación política a la que pertenecían todos ellos, ha insistido en que «ni el partido ni sus estructuras han tenido nada que ver», aunque Andoni Ortuzar ha lamentado que la trama estuviera protagonizada por excompañeros. «Ha sido muy doloroso que personas de nuestra organización, a título particular, hayan tenido los comportamientos que describen la sentencia», ha afirmado el presidente del Euzkadi buru batzar en Radio Popular.

Sin indemnización por el cese

La firmeza de la sentencia también implica otras consecuencias como la disolución de Kataia Consulting, la mercantil que empleó la trama para camuflar las comisiones ilegales. Y, aunque no se recogía en los autos, también supone ejecutar el despido de De Miguel y Otxandiano de sus actuales puestos en la sociedad pública Hazi y en el Parque Tecnológico de Miñano, respectivamente. El Gobierno vasco, del que dependen ambos organismos, se había escudado hasta ahora en la falta de comunicación oficial de la sentencia para no ordenar los ceses. En el caso del principal implicado en la trama, el Ejecutivo autonómico no activó el proceso pese a contar con un informe oficial en el que se abría la puerta al despido sin tener que esperar al fallo del Supremo, tal y como desveló EL CORREO.

El Departamento de Desarrollo Económico, la cartera responsable de los dos entes públicos concernidos, ha informado este jueves de que las resoluciones fueron llevadas «en mano» a sendas sedes para ejecutar los ceses. «Registrado ese auto, los despidos son un hecho». ha confirmado Arantxa Tapia. La consejera también ha indicado que ninguno de los dos condenados recibirá indemnización económica alguna. De igual forma, ha lamentado que el proceso haya sido «excesivamente largo». «A partir de ahí, lo más importante es cerrar definitivamente este caso de la mejor manera posible, y finalizar con la situación que hemos vivido de interinidad y de no poder ejecutar esta sentencia», ha añadido en declaraciones a los medios durante el pleno en el Parlamento vasco.

Pero, lejos de cerrarse, el 'caso De Miguel' seguirá marcando la agenda política vasca en las próximas semanas, máxime en plena precampaña. Este mismo viernes, precisamente en la Cámara autonómica, el lehendakari se volverá a enfrentar a las preguntas de la oposición al respecto. Carlos Iturgaiz (PP+Cs) interpelará a Iñigo Urkullu sobre las prácticas de «amiguismo y clientelismo» en Euskadi. Al escándalo de corrupción, los grupos también sumarán los casos de 'puertas giratorias' de ex altos cargos de Lakua y la actividad de la Comisión de Ética Pública que vela por el cumplimiento del Código Ético. Cuestiones que también lanzarán EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU en sus respectivos turnos.