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d. guadilla
Lunes, 9 de agosto 2021, 02:54
Unos meses antes de la pandemia -a finales de 2019-, un dirigente de la izquierda abertzale mostraba su malestar por la falta de movimientos claros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en materia penitenciaria. Era optimista, estaba convencido de que iba a haber gestos ... claros, pero se quejaba de que el Ejecutivo no era del todo consciente de que se trataba de un tema muy sensible para la militancia y de que se corría el peligro de que la tensión fuese aprovechada por los elementos más extremistas.
Se refería a los colectivos críticos con la línea oficial, una amalgama de siglas con no demasiada fuerza interna, pero sí con relativa capacidad para empapelar los pueblos, meter ruido y, como señalaba ese mismo dirigente, «calentar la cabeza a personas que ya están quemadas».
Su respaldo ha ido disminuyendo. De hecho, la escasa media docena de presos que se sumaron a esa línea han acabado por diluirse y también han sido acercados al País Vasco, aunque mantienen las duras críticas a la decisión de haber abandonado la violencia.
Pero en determinadas zonas tienen una relativa implantación. La semana pasada, la plataforma Jardun, una marca que quiere recuperar el espíritu de Ekin -una especie de 'aparato político'-, organizó un homenaje con toda la parafernalia habitual de la izquierda abertzale, denunciado por Covite.
La izquierda abertzale 'oficial' no teme que esos colectivos consigan ni de lejos hacerse con la bandera de la lucha por los presos. Pero quieren evitar sorpresas. Cuando en 2017 parecía que los reclusos podrían romper con las directrices de la dirección, se mandó a 'Kubati' a hablar con los internos y sus familias. No hubo desbandada.
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