PNV y PSE pactan que euskera, castellano e inglés sean lenguas vehiculares en la reforma educativa

Las alegaciones reflejan las principales reclamaciones que viene poniendo sobre la mesa el secretario general de los socialistas vascos durante los últimos días: dar mayor protagonismo a la escuela pública, equiparar euskera y castellano, afinar la lucha contra la segregación y elevar los controles de evaluación. Eneko Andueza generó una tormenta al advertir al PNV de que sus planteamientos iniciales, de los que no está muy alejada EH Bildu -único grupo de la oposición que parece en disposición ahora mismo de apoyar la reforma educativa-, no contaban con el plácet de su partido.

El aviso no era menor porque el asunto no se encuentra entre las discrepancias pactadas por los socios de Gobierno al principio de la legislatura, así que tocaba remangarse para sortear la crisis y demostrar unidad en un tema especialmente sensible. Los primeros en hacerlo fueron ayer Urkullu y Andueza, que se dejaron fotografiar juntos al comienzo de la sesión de control celebrada en el Parlamento vasco. Luego se conocieron las enmiendas concretas, cuyo contenido había sido pactado la víspera por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, y Alfredo Retortillo, miembro de la ejecutiva socialista.

La corrección que más controversia va a generar en las negociaciones futuras es la que afecta a los modelos lingüísticos. El PNV apostaba inicialmente por situar el euskera como «epicentro» del sistema educativo; ahora se mantiene como «eje vertebrador de un sistema plurilingüe», pero se apuesta por fijar tres lenguas vehiculares, las dos cooficiales y una extranjera: inglés (opción dominante) o francés.

¿Pero cómo encaja fijar una lengua como eje y tres como vehiculares? Nadie fue capaz de aclararlo. «Lo iremos viendo», dijo la jeltzale Leixuri Arrizabalaga. Para el socialista José Antonio Pastor significa que los actuales modelos lingüísticos «se van a mantener». «Lo importante es que el alumnado acabe la etapa formativa dominando euskera y castellano», respondió el consejero Bildarratz. En EH Bildu ya avisan de que no comparten la idea. «No se conoce un sistema educativo en el mundo con tres lenguas vehiculares», advirtió Ikoitz Arrese. Fuentes de PNV y PSE fían la concreción de su apuesta a la futura negociación de la ley, que el Parlamento retomará en otoño y durará todo 2023.

PNV y PSE-EE también quieren resaltar en la nueva ley el «papel central» de la escuela pública. Lo anunció Urkullu en el pleno y se refleja en unas alegaciones que matizan la apuesta por la concertada. El borrador inicial planteaba su equiparación de facto con la pública al poner coto a las cuotas encubiertas, algo que según un documento interno de Educación desvelado por EL CORREO, supondría un coste de 300 millones al año. Sin embargo, las nuevas correcciones determinan que solo se entregarán fondos públicos a los colegios privados e ikastolas que cumplan una serie de requisitos que se fijen en la futura ley.

Una de las condiciones prioritarias será la lucha contra la segregación. Las enmiendas de nacionalistas y socialistas establecen un «procedimiento único de admisión» para acceder a centros públicos y concertados, y exigen a los últimos una «colaboración contrastada» en busca de la «equidad» si quieren recibir fondos públicos. Las correcciones también apuestan por la implantación de un nuevo sistema de evaluación de los centros. El pasado miércoles, este periódico desveló que, según el último informe de Lakua, los alumnos vascos están obteniendo los peores resultados académicos en una década.

Además de las enmiendas de los partidos de Gobierno, que tienen garantizada su aprobación por su mayoría parlamentaria, los grupos de la oposición registraron ayer otras 148. La que más presentó fue EH Bildu -46-, paradójicamente la que más cerca parece estar de la reforma educativa. Los soberanistas coinciden en la lucha contra la segregación y exigen que el euskera sea «el eje» del modelo y que el 60% de las horas lectivas se impartan en esa lengua. También ponen el foco en los centros religiosos concertados al reclamar que solo se financie a los colegios laicos.

Elkarrekin Podemos-IU registró 26 correcciones centradas en que se refuerce la enseñanza pública. Su portavoz tendió ayer la mano a negociar, aunque criticó la «falta de transparencia» del proceso para la reforma educativa. PP+Cs ha puesto sobre la mesa 34 alegaciones y reivindica «libertad para elegir» colegio y modelo educativo. Vox añadió otras 42 y lamentó que el debate de la nueva ley «trate al castellano como una lengua extranjera».