Las asociaciones de jueces denuncian un «ataque a la independencia judicial»

En las cuatro entidades coinciden en una premisa: que el cambio idóneo sería aquel que fortaleciera la independencia de la Justicia, con un sistema en el que fueran los propios jueces quienes eligieran a los vocales de su órgano de gobierno. Pero visto que esa iniciativa resulta ahora mismo «utópica» aun estando presente en múltiples programas electorales de los partidos, las principales asociaciones piden que al menos no se den «pasos atrás» como el que detectan en la reforma planteada.

Para la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la que más socios tiene a nivel nacional (1.339), el planteamiento puede resultar «directamente inconstitucional» al eludir los informes legales previos. Su portavoz y jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, observa «un claro ataque a la independencia judicial» y anuncia que recurrirán a instancias europeas para tratar de frenar su puesta en marcha. «Va justamente en contra de lo que nos han dicho que hagamos. Cuando Polonia o Hungría se quisieron saltar las reglas, les pararon los pies» , afirma. «Si para romper un bloqueo hacemos una reforma para que se salte todo...», agrega visiblemente pesimista.

Para la segunda entidad con más asociados (843), la independiente Francisco de Vitoria, la proposición de ley es «un disparate» por sus términos. «El Consejo de Europa nos viene diciendo que uno de nuestros mayores problemas es la excesiva intervención de los partidos políticos en la elección del órgano de gobierno de los jueces. Y ahora, lejos de revertirlo, hacemos lo contrario», advierte Jorge Fernández Vaquero, juez de Violencia sobre la Mujer en Jerez y portavoz de esta asociación. En su opinión, una reforma de este calado incrementaría la politización de la Justicia «de una manera perversa» y generaría más dudas sobre esta administración entre la ciudadanía.

Juezas y Jueces para la Democracia, con 462 miembros, es la única asociación que no ve con malos ojos el cambio si sirve para desbloquear la renovación del CGPJ. La portavoz nacional, Ascensión Martín, magistrada de lo Contencioso en Murcia, considera «lógico» que el Gobierno haya buscado alternativas para acabar con una interinidad que está a punto de cumplir dos años. «Si llega enero y se niegan a renovar, deberán actuar», resume la representante, quien en todo caso no renuncia a una reforma más global en la elección del CGPJ para avanzar en una despolitización de la Justicia.

Por último, Foro Judicial Independiente, con 335 socios en todo el país, tampoco está conforme con esta iniciativa. Concepción Rodríguez, juez de Menores en Madrid, insiste en el argumento de que tanto el Consejo de Europa como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «han llamado la atención a España» por su actual sistema de designación de los vocales del Poder Judicial y cree que esta reforma «no lo mejora».