«Queremos justicia, democracia, reparación y verdad para las víctimas»

Presidida por la 'popular' Evren, la delegación está conformada por el maltés Alex Agius Saliba, del grupo Alianza Progresista, el estonio Vlad Gheorghe, miembro del Renew Europe, y el conservador polaco Kosma Zlotowski. Les acompañan, además, los eurodiputados españoles Dolors Montserrat (PP), Cristina Maestre (PSOE), Maite Pagazaurtundúa (Ciudadanos) y Jorge Buxadé, de Vox. Todos ellos han recibido un informe confeccionado por los historiadores del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, donde se calcula que «el 40% de los asesinatos de ETA posteriores a 1977 no han sido esclarecidos». Los autores materiales de esas muertes no han podido ser juzgados y los familiares de las víctimas han sufrido «una falta de justicia» desde entonces. La mayoría de estos casos se enmarca en los llamados 'años de plomo' de ETA, de 1978 a 1980, que dejaron insoportables recuentos de víctimas. Hubo 86 muertos en 1979 y fueron 93 en 1980. La primera década de la democracia en España tras la Guerra Civil concentra siete de cada diez casos no esclarecidos y se convierte así en el periodo «con mayor impunidad». Los historiadores del Memorial han investigado las causas. Una de las principales es que «el terror de la banda sobre los ciudadanos» hacía casi imposible la investigación.

«La banda buscó aislar a los cuerpos de seguridad de los ciudadanos mediante ataque sistemáticos y buscó también obligarles a dedicar la mayor parte de su esfuerzo a la autoprotección en detrimento de la investigación. Hubo campañas específicas contras las Fuerzas de Seguridad del Estado y contra sectores de la sociedad acusados de colaborar con el fin de dificultar e impedir el trabajo de investigación», valora el documento, que acaba de ser entregado a la delegación del Parlamento Europeo que ha visitado hoy el Memorial. La Guardia civil sufrió 400 atentados, la Policía Nacional 297, los militares sumaron 165 y las policías locales y autonómicas 55. Con todo, «los índices de impunidad de ETA se sitúan por debajo de otros grupos». Es notablemente más bajo que en Irlanda del Norte (88%), Córcega está entre un 60% y un 90% según la época e Italia ronda el 80%.

Entre las otras causas que contribuyeron a esa impunidad, se citan fallos de comunicación entre órganos judicales, destrucciones de sumarios, falta de medios policiales, la propia disolución de ETApm que archivó causas y la falta de colaboración internacional, donde se meciona a Francia, que «comenzó a extraditar en la segunda mitad de los años 80», y algunos países latinoamericanos que eran refugio habitual de los etarras hasta que prescribían los hechos. La propia muerte de los autores materiales, «por causa natural o a manos de otros grupos terroristas», también dejó sumarios inconclusos.

Hay dos situaciones distintas en estos momentos, según constatan los historiadores del memorial. Casos no prescritos, en los que emplazan «a que sigan trabajando la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad» y los que acabaron el periodo en que se podían juzgar y no tienen recorrido legal. «Hay que partir de una realidad dolorosa para las víctimas y es que en un número elevado de casos no ha habido ni va a haber justicia», constata el documento. «Para aminorar ese daño» se aboga por «el derecho a conocer la verdad, aunque sea una verdad parcial y no judicial». Desde el Memorial proponen, en se sentido, que la Fiscalía pueda «autorizar diligencias de investigación» a petición de las familias, algo que se recogería en un documento para los allegados.