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La nueva consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, asumirá en su Departamento, una macrocartera con numerosas atribuciones, las competencias que hasta ahora desempeñaba bajo el paraguas de Lehendakaritza la Secretaría General de Convivencia, Derechos Humanos y Cooperación que encabezaba Jonan ... Fernández. Por lo tanto, todas las políticas en materia de víctimas y memoria quedan ahora subsumidas en el departamento de Artolazabal, del que pasa a depender también el instituto Gogora, dirigido durante los últimos cuatro años por Aintzane Ezenarro. Según recoge el acuerdo de gobierno firmado por PNV y PSE la semana pasada, ese organismo, en el que están incluidos todos los grupos, también el PP, será el que asuma las funciones que en la pasada legislatura ejerció, a trompicones y con polémica, la ponencia de Memoria del Parlamento vasco, donde no se sentaban los populares.
El departamento pasa así a tener mucho más peso político, al asumir además Igualdad, que no existía hasta ahora ni como departamento ni como consejería. Ahora da nombre al departamento y pasa a tener bajo su control Emakunde, hasta ahora adscrito también a la Presidencia vasca. El lehendakari ha querido englobar en torno a ese concepto las múltiples políticas que dependerán de Artolazabal, entre ellas la inmigración, la libertad religiosa y de culto, la cooperación al desarrollo y la memoria histórica.
El decreto de estructura del nuevo Gobierno, que se publicará mañana en el BOPV, recoge otros cambios de calado como el paso de las competencias de Medio Ambiente a la consejería de Arantxa Tapia y las de Infraestructuras y Transporte a la de Iñaki Arriola, con una salvedad: la titular de Desarrollo Económico y Sostenibilidad retiene la Dirección de Puertos, que la consejera considera claves para el «desarrollo industrial» de Euskadi.
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