Aragonès y su destino

Durante los últimos años la dialéctica entre Puigdemont y Junqueras, entre ERC y Junts, ha ocupado tanto espacio en el tablero político y en la atención mediática que satisfacía a los socios-contrincantes, en tanto que les permitía totalizar desde el independentismo la discusión entre izquierdas y derechas y entre moderados y radicales. Por momentos todos los demás parecían fuera de juego. Es lo que ocurrió en la sesión parlamentaria del miércoles, cuando el portavoz de Junts, Albert Batet, esgrimió la cuestión de confianza. La mitad de la Cámara catalana desapareció de pronto, como cuando el 27 de octubre de 2017 solo se quedaron los independentistas votando su 'declaración unilateral'. Aunque esta vez se excedieron en el reparto de papeles, precisamente porque por un instante creyeron que estaban solos. Que los demás grupos no forman parte de la aritmética parlamentaria.

Aragonès fulminó a Puigneró, y con ello consiguió librarse del compromiso asumido con la CUP de someterse a una cuestión de confianza a mitad de legislatura. Es decir, a partir del próximo febrero y antes de las municipales de mayo. Si nos atenemos a las condiciones de la investidura de Pere Aragonès, Junts ha recordado seis meses antes la obligación asumida en su día por el president. Obligación que, ciertamente, había quedado oportunamente invalidada con la negativa de la CUP a secundar los presupuestos para 2023. El ensimismamiento es el estado natural en que vive el independentismo catalán desde hace exactamente diez años. Pero la realidad que importa es la exterior. Y en ésta, a la ahora pragmática ERC -muy distinta a la del 27 de octubre de 2017- se le aparece el inconveniente de que si no continúa unido a Junts no tendrá otra posibilidad de seguir en el gobierno, tras las próximas autonómicas, que como secundario del PSC. Mientras el caos interno de Junts puede volverse versatilidad -y adversa a ERC- a la hora de pactar en los ayuntamientos con quien sea en cada caso.