nuria vega
Domingo, 8 de abril 2018, 00:53
Nadie se saltó el guion de la puesta en escena. Se respetó cada pauta en una apariencia de normalidad imposible de sostener. Mariano Rajoy concedió ayer a Cristina Cifuentes «el apoyo del PP»; la presidenta de la Comunidad de Madrid se declaró absolutamente tranquila; y ... el auditorio ovacionó a la dirigente territorial cuando le llegó el momento de intervenir en la convención nacional del partido en Sevilla. Fin del segundo acto. Fue un aplauso de menos a más, en el que un grupo de espontáneos tomó la iniciativa y los populares fueron poniéndose en pie. Con «poca convicción», confesaron dos asistentes, pero tampoco faltó esa foto.
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Aún resonaba ayer en los pasillos del hotel Renacimiento de la capital andaluza la arenga de María Dolores de Cospedal en su rol de secretaria general. Ante las «malas artes» y el «juego sucio» contra los integrantes del PP, cierre de filas. «Lo que tenemos que hacer es defender lo nuestro y a los nuestros». Pero el entusiasmo no caló en los niveles inferiores del partido. Con evidentes signos de agotamiento y la sensación de tener que comprometer la palabra tras cada posible escándalo, distintos cargos se movían entre la desconfianza y la cautela. Más aún, se extendió la frustración en sectores que vieron en Cifuentes el símbolo de la regeneración contra las prácticas corruptas.
Ese cóctel emocional se filtró ayer en las declaraciones públicas. Aunque eso fuera lo que más deseaban los populares para remontar el vuelo, nadie dio por zanjada la polémica. Después de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos no haya encontrado un rastro documental que atestigüe que Cifuentes llegara a defender su proyecto de fin de máster, en el PP se hicieron necesarias las aclaraciones. Así lo puso de manifiesto el presidente de Castilla y León, que subrayó la importancia de conocer lo ocurrido. «Si finalmente las cosas no salieran en la dirección que a todos nos gustaría, yo expresaría mi dolor, porque aprecio profundamente a Cristina», anticipó Juan Vicente Herrera.
Mientras, el jefe del Ejecutivo gallego trasladó que, en este caso, sólo caben dos opciones. «La pregunta es si tiene un máster expedido por una universidad de Madrid. Si la respuesta es que no, lógicamente la señora Cifuentes no ha dicho la verdad -advirtió Alberto Núñez Feijóo-. Si es que sí, que hay un título expedido, la respuesta es que ha dicho la verdad». En otras palabras, se mantuvo viva la duda, pese a la insistencia de la dirigente territorial en reiterar una y otra vez que cursó la formación en Derecho Público del Estado Autonómico «de manera absolutamente legal».
Pero tampoco en las altas instancias del Gobierno creyeron agotada la controversia. «Ha dado explicaciones y ha mostrado su disposición a seguir haciéndolo. Por tanto, habrá que esperar», dejó en el aire la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
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Esperar o bien a que Ciudadanos, sostén del Gobierno madrileño, active la vía ensayada en la Región de Murcia y decida en qué momento forzar la dimisión de la presidenta o a que la justicia dirima. Porque una vez la universidad ha puesto a disposición de la Fiscalía los indicios que podrían ser constitutivos de delito, Rajoy se desprendió ayer de la responsabilidad de resolver la controversia. «A partir de ahí -concluyó-, no tengo mucho más que decir, eso ya no me corresponde a mí». Y en los corrillos políticos, hubo división de opiniones sobre si el presidente presionará en el futuro para que Cifuentes dé un paso atrás.
Esa renuncia no parece sencilla. Las fuentes populares consultadas creen que la presidenta regional ha dado muestras de su determinación de resistir. Que no se haya replanteado su asistencia a la convención nacional y la rotundidad con la que defiende su versión de los hechos, sólo alimenta el desconcierto en el PP. «La escuchas con esa seguridad y, de no ser por la falta de pruebas, cuestionarías tus propias sospechas», admite un representante del partido, que recuerda que, además, Cifuentes no sólo ha comprometido su palabra ante los medios de comunicación, sino en sede parlamentaria.
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