La anulación del traspaso de los títulos extranjeros enfrenta a los gobiernos vasco y central

En declaraciones a EL CORREO, la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, se mostró ayer sorprendida por la «virulencia» en la reacción del Ejecutivo autonómico al fallo del Tribunal Supremo. En un comunicado emitido el viernes, apenas unas horas después de conocerse la resolución, fuentes de Lehendakaritza denunciaron una «intromisión clara» del Poder Judicial en el ámbito político y emplazaron directamente a Moncloa a que realice cambios jurídicos «de manera urgente» para revertir la anulación del traspaso.

«Ponerse a exigir no es el tono más adecuado en una relación de confianza», replicó Garmendia, muy crítica con la actitud de Lakua. Considera que ésta «no es la respuesta adecuada» habida cuenta de que se trata de una decisión judicial: «Y aunque les parezca mentira, en España hay separación de poderes». La delegada, de hecho, ni siquiera garantiza que el Gobierno central vaya a interponer un recurso para tratar de restaurar la transferencia, algo que dependerá en última instancia del «estudio del fallo» que está acometiendo ya el Ministerio de Universidades.

En su sentencia, el Supremo establece que si la verificación de las condiciones de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias «ha de ser competencia exclusiva del Estado» según la doctrina del Tribunal Constitucional, «por las mismas razones ha de serlo» también la comprobación de la procedencia de la homologación de títulos obtenidos en el extranjero. El revés judicial, que tumba el traspaso firmado en febrero del año pasado, reafirma al Ejecutivo central en la necesidad de «negociar con calma» las transferencias para que cuenten con la máxima «seguridad jurídica» y así no haya riesgo de anulación.

Más allá del posible recorrido judicial del caso, el Gobierno está tratando de dar una «solución urgente» a la avalancha de expedientes pendientes de respuesta para homologar títulos extranjeros. Se están utilizando incluso técnicas de automatización e inteligencia artificial para acelerar las labores. Tanto es así que a lo largo del año pasado, cuando se cedió la competencia a Euskadi pero ésta acabó suspendida de forma cautelar a la espera del fallo definitivo, se tramitaron más de 40.000 expedientes en toda España, el doble que en 2023. En 2025 se espera llegar a los 80.000. Por lo pronto, en enero se completaron unos 8.000.

Por su parte, el Gobierno vasco sigue presionando para revertir la decisión del Supremo. El consejero de Salud, Alberto Martínez, explicó que la anulación «dificulta aún más la posibilidad de tomar decisiones», ya que el Ejecutivo autonómico contaba con esta herramienta para poder agilizar la contratación de médicos extranjeros ante el déficit de profesionales. El titular de Industria, Mikel Jauregi, añadió que también en el ámbito económico, especialmente en el industrial, necesitan «más y mejor talento» y abogó por poner «todos los medios disponibles» para «darle la vuelta» a la situación.