Seguro que el Partido Popular diferencia entre gestionar la realidad de la inmigración y criminalizarla. Lo es porque necesita distinguir sus políticas de las de Vox y así demarcar los espacios de apoyo de cada cual. Es así, pero lo disimula bien o lo vende ... mal, propiciando esa lectura tosca e interesada donde derecha liberal y extrema derecha iliberal se confunden. Esta semana ha sido plástica al respecto de ese problema que tiene.
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Canarias y Ceuta están desbordadas en sus posibilidades de acoger la llegada de inmigración y, especialmente, de la que suponen los menores sin compañía de sus mayores. Concertar eficazmente la disposición, capacidades y recursos del Estado y de las comunidades autónomas se muestra como dificultad palmaria: uno tiene los presupuestos añadidos para abordar la urgencia y la responsabilidad de la política general, y las otras el territorio real y los instrumentos de gestión. Las lógicas y legitimidades están equilibradas y no tiene sentido pretender que una u otra primen. Por eso el acuerdo es inevitable en términos de política práctica y de funcionamiento de la estructura territorial del país.
Si en ese contexto endiablado el PP envía por delante a su buldócer propagandístico, Miguel Tellado, da a entender que no quiere negociar y luego gestionar este asunto de la inmigración. La cara de 'hagan algo' de sus presidentes canario y ceutí lo decía todo en la semana en que Vox condiciona la aprobación de seis presupuestos regionales -incluido el crucial valenciano- a que el PP se le someta en esta cuestión. Era el escenario ideal para cerrar un mediano acuerdo con el Gobierno, dejando clara tu posición y negando tanto a los extremistas como al Ejecutivo en su afán por caricaturizarla. Pero no lo ha hecho, y así parece que no hay tanta diferencia práctica entre pretender alguna vez gestionar un problema y enfrentarlo como un delito, que no hay tanta distancia entre la posición del PP y la de Vox.
Lo hicieron visible esta semana en el Parlamento vasco, rechazando juntos la puesta en marcha de un centro de acogida de refugiados en Vitoria, asunto que también instrumentalizaron en el previo electoral municipal. Argumentaron que suscita preocupación en el entorno. Claro, menudo Mediterráneo que descubrían. O que Euskadi está desbordada por la llegada de migrantes, una afirmación que no la soporta la verdad de los números. Y, por supuesto, como dice el libreto de Tellado, que el Gobierno no trae plan sino caos. Se quedaron solos, juntos y sin posible distinción de matices, como si pertenecieran a la misma «fachosfera».
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Enfrente sí que los hubo entre los hospitalarios. Los nacionalistas plantearon alternativamente un «modelo vasco de acogida». Un clásico escapista. El portavoz del PNV afirmó que, «con todas las ciudades que hay en el Estado, por ejemplo en Castilla-La Mancha, Extremadura o Asturias, o la llamada 'España vaciada', ha decidido (el Gobierno) instalarlo en Vitoria con el único criterio de mantener la presencia del Estado en Euskadi». Espero que antes o después del corte dijera algo que acotara el inquietante aroma de su afirmación. Pero no hay que sorprenderse: como pasa en otras comunidades nacionalistas, la nueva xenofobia será vasquista o no será, porque la españolista ya tiene su hueco.
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