Andueza acusa al PNV de querer practicar 'dumping' fiscal y «perdonar impuestos» a Imaz

En efecto, como casi siempre que se habla de fiscalidad, en este caso también hay un evidente trasfondo ideológico en el que chocan unas posiciones más liberales con otras más socialdemócratas. A un lado, el PNV exhibe sus recelos ante la extensión de la medida por temor a que las empresas afectadas respondan tirando del freno de mano en sus multimillonarias inversiones locales. Y al otro, el PSE-EE se alinea con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y defiende la consolidación del gravamen para poder contar con más ingresos públicos, máxime cuando compañías como Iberdrola están logrando beneficios récord e incluso presumen del escaso impacto que la tasa tiene en su cuenta de resultados.

Un enfrentamiento ideológico de manual que, sin embargo, se ha visto agravado por la inusitada crudeza con la que se ha expresado este jueves Eneko Andueza en sus primeras declaraciones públicas desde que el debate comenzó a coger velocidad. El secretario general del PSE-EE ha arremetido con dureza contra el PNV por querer practicar «'dumping' fiscal» –esto es, reducir el alcance del gravamen para competir con otros territorios– y así «perdonar impuestos» a las empresas energéticas. Se ha referido en particular a Repsol, cuyo consejero delegado es «un compañero de partido» como Josu Jon Imaz, presidente del EBB entre 2004 y 2008. El líder socialista ha hablado incluso de «intereses personales».

Y es que el PNV, que se hace eco de las advertencias lanzadas por Imaz en un artículo publicado el martes en EL CORREO en torno al futuro de las inversiones en caso de que el impuesto se convierta en permanente, está tratando de explorar una vía intermedia con la que exhibir que no está «ni con unos ni con otros». En sí a los jeltzales no les gusta la medida, al igual que a sus socios de Junts, que ya han avisado de que tratarán de tumbarla para que Repsol no cancele una inversión de 1.100 millones de euros en Tarragona. Pero los nacionalistas vascos cuentan con una valiosa carta –de la que no disponen los catalanes– para evitar aparecer ante la opinión pública como un partido que, de una u otra manera, ayuda a grandes multinacionales a ahorrarse miles de millones en impuestos: el Concierto Económico.

Dicho de otra manera, Sabin Etxea supedita un posible voto favorable de sus cinco diputados en el Congreso –si es que la negativa de Junts no lleva antes al Gobierno a renunciar al proyecto– a que la recaudación y gestión sea transferida a las tres haciendas vascas. Una fórmula que abriría la puerta a modular, o casi anular en la práctica, el alcance de ese impuesto gracias a bonificaciones. «Graduarlo» es el término que ha utilizado Aitor Esteban, quien ha subrayado que se debe «incentivar la inversión». «Estamos en un momento crucial en el que se está transformando nuestra industria, compitiendo entre unos y otros lugares de Europa. Tenemos que ser los primeros y los que consigamos inversiones para transformar esa industria, que supone puestos de trabajo de calidad y bien remunerados. Para eso hace falta que las empresas inviertan», ha aseverado en Radio Popular.

La cuestión está en que, para poder «graduar» este gravamen en Euskadi y lograr así una fiscalidad más laxa que en el resto de España, las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa deberían aprobar primero sendas normas forales en ese sentido. Y el PNV no cuenta con mayoría absoluta en ninguna de ellas, tal y como se ha encargado de recordarle Andueza en un intento por reivindicar el peso de su partido: «Le hace falta una mayoría de la que no dispone». Es más, ni siquiera la suma de jeltzales y socialistas alcanza esa necesaria barrera de la mitad más uno en las cámaras de Vitoria y San Sebastián, donde cualquier cambio en el diseño de este impuesto dependería del plácet de EH Bildu, PP o Elkarrekin Podemos.

La controversia, para más inri, llega en un momento en que los tres territorios históricos discuten el alcance de una reforma fiscal que lleva años demorándose, especialmente por la pandemia. Un cambio que, si bien no será revolucionario, volverá a exigir un tercer elemento en la ecuación, al menos en Álava y Gipuzkoa. A buen seguro el debate sobre el impuesto a las energéticas –una vez más, si es que se llega a aprobar en el Congreso– se entremezclará con el resto de gravámenes y los respectivos grupos de la oposición tratarán de barrer para casa. EH Bildu y Elkarrekin Podemos, por un lado, no son precisamente partidarios de reducir la presión sobre estas compañías, mientras que al otro lado el PP se distancia de una tasa cuya base imponible está en los ingresos y no en los beneficios.