El PP entona el 'mea culpa' tras haber facilitado de forma involuntaria en el Congreso la aprobación de la reforma legal que acelerará la excarcelación de hasta 44 etarras. Si el lunes Alberto Núñez Feijóo se disculpaba personalmente con la presidenta de la AVT, este martes ha sido el presidente del partido en Euskadi, Javier de Andrés, quien ha pedido públicamente «perdón» por no haber estado «a la altura de las circunstancias» y ha incidido en la necesidad de «analizar lo ocurrido» para esclarecer «qué fallos» han podido ocurrir en el estudio de la polémica iniciativa.
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La reforma legal, que permite a los presos descontarse las penas cumplidas en Francia y acelerar así su salida de la cárcel, fue ratificada el pasado 18 de septiembre con el apoyo de los 346 diputados presentes en el Congreso, incluyendo los del PP. Ninguna formación de la oposición, tampoco Vox ni UPN, se percataron de que el paquete incluía una disposición a tales efectos. Una maniobra del Gobierno colando de rondón el cambio y sin anticipar sus consecuencias a la opinión pública, sumada al despiste del bloque de la derecha, hizo que el cambio legal pasara todos los filtros sin problema.
Una vez conocido el balance de daños, el PP asume su parte de culpa ante una situación «totalmente dramática», según la ha definido De Andrés. En una rueda de prensa en Bilbao convocada para hablar sobre fiscalidad, el presidente de los populares vascos ha evitado irse por las ramas y ha comenzado disculpándose. «Independientemente de la responsabilidad de unos y otros, hay que pedir perdón por no haber sabido estar a la altura de las circunstancias y de lo que se nos exigía. Hemos causado una decepción entre quienes confiaron en nosotros», ha explicado.
De los 137 diputados del PP en el Congreso, dos pertenecen a Euskadi. Se trata de Bea Fanjul, representante por Bizkaia, y Carmelo Barrio, por Álava, quien precisamente sustituyó a De Andrés cuando éste regresó a la política vasca para dirigir el partido y ser candidato a lehendakari. Ninguno de los dos, en todo caso, participa en la comisión de Justicia en la que se tramitó la controvertida iniciativa, una de las principales reivindicaciones de EH Bildu (siempre a puerta cerrada) a cambio de su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez.
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