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Alberto Núñez Feijóo anunció el miércoles que el PP votará 'sí' al nuevo decreto ómnibus sustancialmente rebajado por el Gobierno que incluye la subida de las pensiones o las ayudas al transporte público, pero también la cesión al PNV del edificio de París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio y que ahora ostenta el Instituto Cervantes. Sin embargo, pese a su aval, el PP no ceja en su empeño de criticar esta operación y en advertir de que este edificio debería devolverse al Ejecutivo autonómico, no al PNV.
Así lo subrayó ayer el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, quien explicó que van a solicitar que este decreto se tramite como proyecto de ley para «poder presentar enmiendas y que haya una votación definitiva de otro tipo», en vez de «en bloque». Cuando se sepa cómo acaba todo, el PP tomará «las decisiones que sean pertinentes en relación a la defensa de los intereses públicos» ya que, según ha indicado, se trata de «un dinero que se pagó con recursos del Gobierno vasco».
Lejos de aparcar la polémica, De Andrés denunció que la entrega del edificio de París al PNV es «una pérdida de patrimonio público a favor de un partido político». «Para nosotros y para muchos historiadores, incluso alguno que ha sido premiado por la Fundación Sabino Arana muy recientemente, ese palacio se compró con dinero público del Gobierno vasco», apostilló.
«Porque aquí se empieza a hablar de la Gestapo, de los nazis, no sé qué, y la discrepancia está en quién pagó ese dinero», recordó. En este sentido, subrayó que «tres tribunales franceses, el último en 1951 -la Cuarta República, que no tenía nada que ver con los nazis-, dijo que ese palacio se había pagado con dinero público y que los testaferros actuaban a favor del Gobierno vasco». «Y lo mismo ha dicho el Tribunal Supremo en España», zanjó.
De Andrés realizó estas declaraciones en una comparecencia junto a la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, que estuvo en Bilbao para abordar el plan de vivienda que ha elaborado el equipo de Feijóo, un tema que se ha convertido en el primer problema de los españoles por el «fracaso del modelo intervencionista» de Sánchez.
De Andrés anunció que el PP vasco va a elaborar un plan propio de vivienda para Euskadi «atendiendo a las particularidades» de la comunidad autónoma que podría estar finalizado para el próximo marzo. Uno de sus temas «fundamentales», resaltó, será la eliminación de la burocracia, que «hace que se tarde entre 9 y 15 años en sacar adelante una promoción de vivienda».
También criticó que el Gobierno vasco es más partidario de la vivienda pública en alquiler que en propiedad, cuando la compra de un piso supone «una inversión y un ahorro». «Faltan 100.000 viviendas en Euskadi y el Gobierno vasco solo prevé construir siete mil en cuatro años. La burocracia está paralizando la construcción, hay que incrementar la oferta», subrayó el dirigente popular.
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