De Andrés acusa al Gobierno vasco de «dar terceros grados a etarras sin cumplir la ley»

Durante la sesión de control en el Parlamento vasco, De Andrés ha preguntado: «¿Sabían ustedes que Harriet Iragi tiene un asunto pendiente en la Audiencia Nacional porque no ha dado información sobre un atentado terrorista? ¿Sabían que tiene que testificar y no lo ha hecho? No ha colaborado con la justicia. ¿Por qué le dan el tercer grado si no cumple la ley?». Según el PP, «se están saltando los criterios legales y así no se avanza hacia una cultura de paz, eso no pasa por sacar a la calle a terroristas que no se han arrepentido». Y ha zanjado: «Yo no quiero ver a esos presos recibiendo homenajes y yendo en listas electorales y eso es lo que ustedes están promoviendo».

San José ha replicado que «se han aprobado 59 progresiones de grado -presos comunes- y dos de ellas por delitos de sangre, que son a las que usted se refiere, y hay nulos privilegios o excepciones para los condenados por terrorismo. Estamos haciendo lo que nos comprometimos a hacer: cumplir la ley penitenciaria y ser rigurosos». Según ha recalcado, «este Departamento cumple la ley».

La consejera de Justicia y Derechos Humanos ha explicado que «el PP sabe que estamos cumpliendo los requisitos para los terceros grados y por eso ha presentado una iniciativa el 2 de septiembre en el Senado para cambiarlos. Lo que no dice es que, de aprobarse, no afectaría a los reclusos que ya están en prisión».

La iniciativa presentada por el PP en el Senado tiene interés. Se centra en que, para la progresión de grado, «ahora se exige además de la satisfacción de la responsabilidad civil, que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y hayan colaborado activamente con las autoridades en el esclarecimiento de los delitos pendientes de resolver». El PP propone en la Cámara Alta cambiar la redacción y hablar de «autoridades policiales y judiciales» con el objetivo de que no valga una entrevista con responsables penitenciarios y que se exija «que sean las autoridades encargadas de investigar, perseguir y juzgar los delitos de terrorismo las que acrediten si el preso está colaborando o no para obtener la progresión de grado». También proponen que estos requisitos sean necesarios para cualquier cambio del régimen penitenciario, como el paso del primer al segundo grado.

Para la consejera socialista, que toma en este mandato el relevo de la jeltzale Nerea Melgosa al frente de Prisiones, «es un ejercicio de cinismo absoluto» ya que «presentan esa iniciativa justo ahora y sabiendo que no afectará a los presos de ETA porque la ley no tiene carácter retroactivo». La consejera también ha recordado que «Aznar excarceló a 300 etarras y algunos con penas de más de 20 años».

Al día siguiente de la aprobación de esas dos progresiones de grado, Covite acusó a la Consejería de Justicia y Derechos de continuar con la concesión de los «terceros grados fraudulentos del PNV» ya que «no están arrepentidos y siguen vinculados a la izquierda abertzale». También protestaron por no haber sido informadas correctamente.

En ese aspecto, San José se ha comprometido este viernes a «redoblar esfuerzos en la comunicación a las víctimas» y ha recalcado que «no vamos a utilizar su dolor y lo entendemos».