Se amplía de tres a seis meses el plazo para que se modifiquen los coches en los que no entran los ertzainas

Erne denunció la adquisición de los coches de la marca Seat León como vehículo policial, al no cumplir los requisitos mínimos exigibles para ser utilizados en la jornada laboral. La Inspección dio la razón a la central al considerar que estos coches patrulla eran pequeños, los agentes tenían dificultades para entrar, la cabeza les rozaba con el techo y las rodillas con el salpicadero. Por ello, en una propuesta de requerimiento pidió al Departamento que subsanara las irregularidades detectadas y le dio un plazo de tres meses para decidir si cambiaba los vehículos.

Ahora, en su resolución definitiva, fechada el 30 de abril, Trabajo responde a las alegaciones presentadas por el Ejecutivo, que rechaza, y considera que el Gobierno vasco no parece estar disconforme con las medidas técnicas y organizativas que sirvan para «paliar o reducir los riesgos ergonómicos detectados» en los Seat León con mampara. En todo caso, cree que discrepa de los plazos para implantar las medidas que supongan modificaciones en los coches, por lo que se amplía el plazo marcado a seis meses.

En cuanto a la participación de la representación social en la elección de los vehículos, el requerimiento se refiere al argumento esgrimido por la Administración sobre que se tuvieron en cuenta, en las bases técnicas establecidas para su adquisición, las experiencias y aportaciones previas de esta parte en la utilización de otros vehículos. «Tal consideración no suple el derecho que asiste a los Delegados de Prevención a ser consultados con carácter previo en cada nuevo proceso de elección de un equipo de trabajo que pueda tener consecuencias sobre la seguridad y salud de los trabajadores«, apunta. En este sentido, destaca que este «derecho fue omitido» en este caso, y no puede darlo por cumplimentado por lo alegado por el Gobierno vasco.

Por ello, determina que el Ejecutivo deberá adoptar las medidas preventivas técnicas y organizativas que resulten «procedentes y viables» para garantizar que los Seat León ni supongan un riesgo para la seguridad ni la salud de los trabajadores, en el plazo de seis meses «si resultasen necesarias modificaciones técnicas, y con carácter inmediato en el caso de las medidas organizativas». «En lo sucesivo, deberá respetar los derechos de participación y consulta de los representantes legales de los trabajadores en la elección de los equipos de trabajo«, apunta.

Por su parte, el secretario general de Erne, Roberto Seijo, ha pedido este miércoles la retirada inmediata de los Seat León y su sustitución por otro modelo de coche que reúna las condiciones necesarias para poder realizar los ertzainas su trabajo sin problemas para su salud. De no adoptarse esta medida, ha solicitado la dimisión de la directora de gestión económica y recursos generales, Guadalupe Camino.

La central sindical denunció que estos coches, adquiridos como vehículo policial, no cumplían los requisitos mínimos exigibles para ser utilizados en la jornada laboral. La Inspección dio la razón al sindicato, al considerar que estos coches patrulla eran pequeños, los agentes tenían dificultades para entrar, la cabeza les rozaba con el pecho y las rodillas con el salpicadero.

El líder sindical se ha congratulado de que, en su requerimiento definitivo, Trabajo rechace las alegaciones del Departamento y ratifique los argumentos expuestos por Erne. En este sentido, ha mostrado su preocupación por que haya tenido que ser Inspección de Trabajo el que recuerde al Departamento que, como trabajador, la jurisprudencia les atribuye este derecho. «Queda en evidencia que, quien debe velar por nuestra salud laboral, nos lo niega«, ha asegurado Roberto Seijo.

Seijo ha apuntado que, en cuanto a las medidas organizativas (que Inspección insta a poner en marcha de inmediato), el Gobierno vasco insiste en intentar paliar los problemas que salud que producen estos vehículos a los agentes con «estiramientos, descansos posturales, pausas activas o ejercicios de mantenimiento físico». «Y, como única medida antropométrica, recomienda ofrecer medidas alternativas al personal que supere el percentil 95 y para aquellos que el 1,87 metros de altura», ha criticado.

El representante de los trabajadores ha asegurado que estas medidas «no son válidas», y ha insistido en que el Seat León «no puede ser considerado como vehículo policial«. Seijo ha subrayado que su sindicato ha tratado de reclamar a la Consejería un protocolo, pero todas sus peticiones han sido »desatendidas«. Tan solo se ha limitado «a hacer lectura en las unidades de un resumen o extracto obtenido del informe de evaluación ergonómica del habitáculo de los vehículos de parque móvil efectuado por un técnico externo«.