Ley de amnistía y memoria

Los magistrados discrepantes tienen otra opinión bien distinta y consideran que el esclarecimiento de este tipo de hechos es una exigencia derivada de una plena recuperación de la memoria histórica. Por ello entienden que existe un interés social en someter a debate la validez de la ley de amnistía, asumiendo en su caso la posibilidad de tener que manifestarse sobre la vigencia de la misma a la luz de esta exigencia de la memoria histórica.

La ley de amnistía tiene hoy menos apoyos y respaldos que los que tuvo en octubre de 1977 cuando fue aprobada por 296 votos, dos en contra y 18 abstenciones. Los portavoces más aplaudidos fueron Marcelino Camacho (PCE) y Xabier Arzalluz (PNV). El primero apeló a la reconciliación nacional entre los que nos hemos estado «matando unos a otros». El segundo, defendió que la instauración de la democracia tiene «como exigencia unánime la amnistía, entendida como un olvido de todos y para todos». A pesar de que la ley también incluía «los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público», esta amnistía fue recibida por la ciudadanía como un gran logro. Valga como expresión de esa percepción el comunicado emitido por la primera Gestora Pro-Amnistía donde anunciaban que se disolvían pues su objetivo se había conseguido. De ninguna manera se ponía en cuestión lo conseguido por el hecho de que la amnistía no solo se daba a los perseguidos por el franquismo sino también a los perseguidores.

Pero aquella servidumbre, que se aceptó en aras de la «reconciliación» sigue pesando y se está convirtiendo en una carga para una convivencia sana, que precisa del esclarecimiento de hechos crueles que la democracia no puede ignorar y el derecho no puede dar la espalda. La revisión de la ley de amnistía, como obligación de ese bien superior que es la recuperación de la memoria histórica, así como para su adecuación al derecho internacional en materia de derechos humanos, entiendo que debería de formar parte de la agenda social y política. Por respeto también a las víctimas de aquellos hechos crueles.