Amnistía: y ahora, el infierno en el Senado

Los de Alberto Núñez Feijóo esperaban ya a portagayola la recepción de la amnistía en la Cámara alta cuando el 30 enero Junts exigió mayores garantías para amparar a Carles Puigdemont ante su señalamiento penal por terrorismo y traición al Estado y dio la campanada de vetarla en el Congreso. Ahora, aprobado ya el texto final tras una renegociación en la que el Ejecutivo ha vuelto a ceder para que el perdón beneficie a los potenciales beneficiarios «sin excepción», los populares se aprestan a trabar todo lo que puedan el paso de la medida de gracia por las Cortes. De saque, utilizaron su mayoría absoluta para promover una reforma exprés del Reglamento por la que se prolonga dos meses, lo máximo posible, la travesía de la ley por la Cámara baja. Reforma que está recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PSOE.

La hegemonía del partido de Feijóo hará que la amnistía coseche un rotundo 'no' en el Senado que no impedirá que salga adelante finalmente gracias al apoyo de la mayoría del Congreso. Pero esos 60 días, que solo el TC podría acortar, otorgarán un notable altavoz a la contestación política, jurídica y social a la exoneración de los delitos vinculados al 'procés', con dos campañas electorales de por medio: la de las autonómicas vascas del 21 de abril y la de las catalanas. Y los populares, que han pedido un informe a los letrados de la Cámara baja para dotarse de argumentos legales con los que replicar a la presión de Vox para que suspenda la tramitación de la ley, piensan exprimir al máximo ese calendario. Se espera una nutrida citación de expertos constitucionalistas y de otras disciplinas para intentar desmontar las tesis favorables a pasar página de las causas del 'procés', mientras el partido sopesa convocar una cumbre de presidentes autonómicos. Ya forzó una el 18 de octubre, a la que no acudieron los barones socialistas y sí el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

El pleno de hoy ha sancionado la última redacción de la proposición de ley de amnistía, que queda así en sus puntos básicos y que encara ahora este escenario:

Del 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023 en que se registró la norma en el Congreso. Una cobertura que no solo se extiende a lo que siempre se ha interpretado como el inicio del 'procés' -2012-, sino que se ha ampliado a exigencia de los secesionistas para que la tejavana cubra también a los cargos soberanistas que tienen abiertas causas por responsabilidad económica ante el Tribunal de Cuentas. Se exculpa tanto la consulta sobre "el futuro político de Cataluña" organizada por el Gobierno de Artur Mas el 9 de noviembre de 2014 como el referéndum ilegal, ya bajo mandato de Puigdemont, del 1 de octubre de 2017.

La exposición de motivos fue enmendada hace una semana a través del pacto PSOE-Junts-ERC para explicitar que el objetivo de la iniciativa legislativa «pasa por finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista». Es ese «sin excepción» el que galvaniza el articulado final con el que se pretende blindar a Puigdemont de las consecuencias de la causa penal que le ha abierto el Supremo por presunto terrorismo relacionado con las movilizaciones de Tsunami Democràtic y la que instruye un juzgado de Barcelona por los nexos con la Rusia de Vladímir Putin. Los preámbulos de las leyes carecen de fuerza normativa, pero les confieren el marco interpretativo. Según los cálculos del Gobierno, los beneficiados totales sería 372, incluidos 90 policías encausados por las cargas en el plebiscito del 1-O, cifra que Junts eleva al millar.

Tras las dos reformas del texto original cedidas por el PSOE a los soberanistas, solo quedan fuera del manto de los ilícitos amnistiables aquellos que vulneren tanto la directiva europea sobre delitos de terrorismo del año 2017 como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, pero no el Código Penal español; una exclusión que amplía el terreno ignoto que surca la norma. En cuanto a la segunda sombra que pesa sobre el futuro procesal de Puigdemont, la causa por la supuesta injerencia rusa en el 'procés' que investiga el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, la traición al Estado se exonera salvo en el supuesto de que haya supuesto una «amenaza efectiva y real» para la integridad territorial o la independencia política de España conforme a los parámetros de la ONU, no, nuevamente, de la legislación española. La malversación -el delito por el que sigue inhabilitado Oriol Junqueras- solo se castigará si se prueba que ha existido enriquecimiento personal con el uso de recursos públicos para la independencia.

Una vez refrendada por el Congreso, a la ley se aguardan dos meses de tramitación en el Senado, de la que saldrá rechazada antes de ser sancionada de nuevo por la Cámara alta y de su publicación en el BOE. En el mejor de los casos para el Gobierno y sus socios, la norma entraría en vigor en el tramo final de mayo. Es decir, con el eco de las elecciones catalanas y en puertas de las europeas del 9 de junio.

La redacción definitiva de la amnistía fija que se levantarán de inmediato las cautelares que pesen sobre los concernidos. En concreto, Puigdemont está amenazado por una euroorden del juez del Supremo Pablo Llarena, que este ha paralizado hasta que el Tribunal Europeo de Justicia resuelva sobre la inmunidad como eurodiputado del líder de Junts; las conclusiones de este procedimiento se leerán en Luxemburgo el 11 de abril. En paralelo, Llarena mantiene viva la orden de detención e ingreso en prisión del expresident en cuanto cruce la frontera. Es una incógnita hasta qué punto la nueva ley puede forzar la mano a los magistrados del alto tribunal intentado limitar su capacidad de oponerse por cauces legales a su materialización.

A pie de norma, juzgados y tribunales disponen de dos meses máximo para ejecutar el perdón, bien de oficio, bien porque lo requieran los beneficiarios. Es en lo que se basan Puigdemont y los suyos para apuntar a su eventual regreso de Waterloo a finales de julio a más tardar. Pero no existen certezas al respecto, toda vez que se da por hecho que el Supremo, antes de apelar al TC, elevará al Tribunal Europeo una cuestión prejudicial que, de ser admitida, paralizaría la causa sobre Puigdemont y Junqueras hasta que hubiera sentencia. El plazo medio de resolución en el TJUE ronda los 18 meses.