Amnistía acusa a España y Marruecos de «crímenes de derecho internacional» en la tragedia de Melilla

Las acusaciones contra el Ministerio del Interior, que desde hace casi medio año viene negando la más mínima responsabilidad en aquellos hechos, son muy graves: desde haber propiciado la tragedia con uso desmedido de la violencia por parte de la Guardia Civil a, directamente, «no permitir» la asistencia médica a los heridos que quedaron en territorio nacional, alguno de los cuales, sostiene la organización, fueron deportados de forma ilegal entre el contingente de «al menos» 470 que fueron expulsados en 'caliente'.

AI no se anda con rodeos: «Los métodos empleados por las autoridades marroquíes y españolas en el paso fronterizo conocido como 'Barrio Chino' contribuyeron a la muerte de al menos 37 personas y a causar lesiones a decenas más», afirma textualmente el informe, en línea con las conclusiones preliminares del Defensor del Pueblo, quien ya avanzó que el uso de gases por parte de la Guardia Civil, pudo coadyuvar a que se desataran las avalanchas mortales en la cancela.

El informe de Amnistía Internacional presentado este martes, de 64 páginas, es el fruto de la extensa investigación de la organización desde junio a octubre, que incluye entrevistas a supervivientes, familiares, testigos y activistas de ONG, además de análisis de imágenes de satélite, material videográfico y documentación oficial. Y la principal conclusión de este documento es que hubo un «uso generalizado de fuerza ilegítima por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas». «Los agentes (de ambos países) utilizaron armas menos letales de maneras contrarias a las normas internacionales que rigen su uso, y siguieron usándolas incluso después de que las personas estuvieran bajo control policial y no representaran amenaza alguna para los propios agentes ni para terceros», afirma el informe.

El documento, que sostiene que unas 400 personas «fueron acorraladas por las fuerzas de seguridad marroquíes» en el paso de Barrio Chino, insiste en que «la policía y los guardias de fronteras, tanto de Marruecos como de España», usaron «de forma reiterada gas lacrimógeno contra personas que estaban en un espacio cercado del que no tenían forma de escapar».

Pero la parte más delicada para el Ministerio del Interior no es la actuación de los agentes de la Guardia Civil durante el asalto masivo del perímetro, sino lo que ocurrió después. Y es que Amnistía Internacional afirma literalmente que «la policía española no permitió el acceso de la Cruz Roja a la zona». Es más, afirma, en la parte española del vallado, donde quedaron embolsados decenas de inmigrantes, «tampoco hubo ninguna respuesta de salud pública (…) para asistir a las personas heridas ni durante el intento de pasar la frontera y la operación policial, ni después».

Según la organización de defensa de derechos humanos, las «autoridades españolas no ayudaron en modo alguno a las personas heridas que quedaron en el suelo en territorio español una vez concluida la operación policial».

Ante estas evidencias, acusa directamente al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, de «violar» los derechos de los inmigrantes de «múltiples formas», incluido «su derecho a atención médica rápida y adecuada y a no sufrir tortura y otros malos tratos».

«La omisión de ayuda de emergencia no sólo manifestó crueldad: también supuso el incumplimiento por España y Marruecos de su obligación de proteger el derecho a la vida», zanja el dossier.

Grande-Marlaska, en sus numerosas comparecencias parlamentarias, ha negado de manera tajante las acusaciones de que no se hizo nada por atender a los heridos. Es más, la Guardia Civil sostiene que no supo hasta cuatro horas después de las avalanchas de la gravedad de los sucesos, ya que en el paso de Barrio Chino, donde se produjeron supuestamente la mayoría de las muertes, no había ya ningún agente español pues se habían replegado dada la envergadura del salto con más de 2.000 subsaharianos.

Amnistía Internacional va más allá y afirma que, no solo no se prestó atención sanitaria en el lado español del vallado, sino que «agentes de seguridad españoles obligaron a personas heridas a cruzar de nuevo la frontera», de acuerdo a los testimonios recabados en su investigación.

Las expulsiones en caliente, que Interior denomina 'rechazo en frontera', merecen un capítulo particular para la organización. Afirma que la Guardia Civil llevó a cabo «expulsiones sumarias» contrarias al «derecho internacional», que «protege los derechos de las personas migrantes y refugiadas, con independencia de cómo y por qué llegan a un país».

En esencia, la investigación acusa al Ministerio del Interior de conculcar de manera sistemática el principio de no devolución (non-refoulement), que es «una piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados y se ha convertido en norma de derecho consuetudinario», en cuanto prohíbe que los Estados trasladen o devuelvan a una persona a un lugar en el que pueda correr un peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos, tales como persecución o tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.