Visto para sentencia

¿Significa eso que Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y el resto de líderes del 'procés' pueden ya respirar tranquilos? Ni mucho menos. Ya que, tras su publicación en el BOE y su entrada en vigor, la ley deberá emprender un largo vía crucis por los juzgados y tribunales en los que se instruyeron las causas contra ellos, donde serán esos mismos jueces y magistrados que se oponen a la norma quienes dicten su grado de aplicación en cada caso. Y ya sabemos que una de las virtudes de la Justicia no es precisamente la de darse prisa.

Lo previsible es que estos acaben elevando una consulta al Constitucional o incluso al Tribunal Europeo, para que sea allí donde se decida si el perdón de delitos calificados de muy graves, como la malversación de caudales públicos y los tipificados de terrorismo que implican a Puigdemont en el sumario del Tsunami Democràtic, debe concederse antes de su esclarecimiento. Lo que alargará el tiempo de espera para Junqueras, pendiente de que se resuelva lo de su inhabilitación, y para el líder de Junts, quien deberá permanecer al otro lado de la frontera hasta que se despeje su situación procesal. Algo que puede no ocurrir antes de que se decida si será él o Salvador Illa quien se haga finalmente con el trono de la Generalitat.

Quien sí respirará aliviado tras saldar la deuda que tan alto precio le ha costado pagar y que ha hecho que vaya dejándose la credibilidad a jirones con cada cambio de opinión, desde que él mismo y sus ministros hablaran de la amnistía como algo inconcebible e inconstitucional y se refirieran a Puigdemont como enemigo público de la convivencia y el Estado de Derecho, probablemente será Pedro Sánchez. Pero llegar al final de este camino de espinas a una semana de que los españoles vuelvan a votar en unas elecciones de ámbito nacional comporta riesgos, por más que el presidente haya decidido que tanto este asunto como el de la investigación judicial sobre las actividades de su mujer o su manifiesta incapacidad de aprobar unos Presupuestos Generales queden eclipsados por su hiperactividad en política exterior.

El 9-J saldremos de dudas sobre si la estrategia del PP de mantener viva la llama del descontento de esa mayoría social que, según las encuestas, rechaza esta ley en el conjunto de España y la forma en la que Sánchez ha procurado su permanencia en el cargo, es acertada. O si lo ocurrido en Cataluña, el freno a la ultraderecha, y Milei y Palestina y Ucrania, dan la amnistía por amortizada.