El problema no es el Concierto

La solución creativa que ha encontrado para colocar al frente de la Generalitat a Salvador Illa, aunque sea a costa de romper la caja única por la que se financian las comunidades autónomas de régimen común, está generando una auténtica avalancha de críticas por parte de quienes ven en ello una aberración insolidaria y una subversión de los acuerdos alcanzados durante la Transición.

Incluso hay quien ha afeado a los partidos vascos, singularmente al PNV, el que consideren apoyar semejante medida, con el peregrino argumento de que la misma desvirtuaría la singularidad de País Vasco y Navarra en materia fiscal, sustentada en los derechos históricos que asisten a ambos, y abriría la vía para que otras comunidades reclamasen lo propio. Si Cataluña, no teniendo su tradición foral, puede disponer de un Concierto similar y recaudar el 100% de los impuestos liquidando después un Cupo pactado con el Estado, ¿dónde queda nuestra especificidad?, se preguntan. ¿Y por qué no iban a reclamar lo mismo otras regiones, como Madrid sin ir más lejos, siendo de las que más dinero aporta a la caja común?

Ciertamente se diría que hemos llegado a una situación de anomia tal, en la que ya todo es posible. Aunque quienes así se expresan parecieran estar menos preocupados por la solidaridad fiscal y financiera entre las distintas regiones de España que por sembrar la cizaña entre los aliados de Sánchez.

En nuestro caso particular, no creo que a los vascos (o a los navarros) tenga por qué preocuparnos el que los catalanes vayan a disponer de un régimen fiscal singular, siempre y cuando se siga respetando el espíritu y la letra del Concierto Económico vasco, que en modo alguno es un privilegio ni un sistema insolidario como a menudo se pretende hacer ver y que entraña riesgos evidentes en época de vacas flacas, que no todas las comunidades autónomas están ni han estado dispuestas hasta ahora a correr, empezando por Cataluña.

Como recordó el lehendakari Pradales, la singularidad del Concierto no deriva ni depende de ningún pacto para lograr la estabilidad de ningún Gobierno. Nace en 1878, la Constitución lo «ampara y respeta» y está incorporado al Estatuto de Gernika. No es esta pues la cuestión que deba ser sometida ahora a debate. Ni debería ser el argumento para impedir que otros consigan lo que ansían. Sino la calidad de un sistema de financiación, como el de régimen común, caduco y pendiente de reforma desde hace una década que, a juzgar por el grado de descontento y la gresca permanente entre sus principales benefactores y beneficiarios, dista mucho de ser ideal.