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La preocupación sobre la brecha salarial entre el sector público y el privado expresada por el lehendakari en EL CORREO hace unos días apunta a ... una realidad que, aunque incómoda, merece un análisis y un debate social e institucional que no estoy segura de que sea el que el propio Imanol Pradales haya querido suscitar.
Si nos ceñimos al funcionariado (sin tener en cuenta cómo afecta a esa brecha salarial la elevada remuneración de los numerosos cargos y asesores en puestos de libre designación), los trabajadores del sector público vasco no solo perciben salarios hasta un 30% más altos que los que tienen los empleados de la empresa privada, sino que gozan de una estabilidad laboral y unas condiciones de trabajo bastante mejores, según datos del INE. Lo que crea desigualdad entre unos trabajadores y otros, y plantea serias interrogantes acerca de la idoneidad y sostenibilidad del modelo económico y sociolaboral por el que han venido apostando durante años nuestras instituciones.
El mensaje del lehendakari pone el acento en la responsabilidad social de las empresas, instándolas a «cuidar la cantera» con salarios dignos que permitan a los trabajadores más jóvenes acceder a una vivienda y conciliar la vida profesional y personal. Pero no tiene en cuenta que, a diferencia del sector público que puede permitirse ceder a la presión de los sindicatos sin tener que bajar la persiana, en la empresa privada los incrementos salariales están limitados por la competencia y la productividad. Ni tampoco que, mientras la escasa oferta de trabajo que esta es capaz de generar hace que los aspirantes a él se vean abocados a aceptar situaciones de explotación y precariedad laboral, nuestro sobredimensionado sector público no ha parado de crecer y de ofrecer puestos de propiedad vitalicia, en un sistema bastante disfuncional, donde no se puede despedir ni degradar a quien hace mal su trabajo.
Históricamente, nuestras instituciones han priorizado la estabilidad y mejora del empleo público como pilar de cohesión social, a costa de agravar las desigualdades con la empresa privada que lucha por mantenerse a flote en una economía de mercado globalizada. Lo que ha supuesto una competencia desleal en la atracción de talento y ha desincentivado el empleo privado reforzando la idea de que el acceso al bienestar y la seguridad laboral depende de llegar a hacerse con una plaza pública en una sociedad dividida entre opositores afortunados que alcanzan el Nirvana del funcionariado y trabajadores condenados a vivir explotados por un empresariado usurero.
De ahí que la preocupación expresada por Pradales, aunque bien intencionada, resulte insuficiente si no va acompañada de un impulso transformador. Además de pedirle a los empresarios que paguen mejores sueldos, habría que dignificar la imagen del sector privado para que trabajar en él resulte atractivo a nuestros jóvenes e influir en el mercado laboral mediante políticas públicas que contribuyan al crecimiento, desarrollo y sostenibilidad de las empresas para que sean capaces de generar empleo bien remunerado y de calidad.
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