El pasado de Illa

Se ha destacado la experiencia del nuevo líder indiscutible del PSC en la gestión pública a nivel municipal, primero como concejal de Cultura y después como alcalde de La Roca del Vallés; y autonómico, como director general de Infraestructuras en el Departamento de Justicia de la Generalitat. Así como su desempeño como ministro de Sanidad durante la Covid-19. Lo que no se cuenta es que, pese a su talante aparentemente sosegado y conciliador, fue desalojado de la alcaldía mediante una moción de censura tras su primer mandato, si bien posteriormente la recuperó con mayoría absoluta. Y que fue destituido como director general de Infraestructuras de la Generalitat, tras haber abultado presuntamente el presupuesto de la Ciudad de la Justicia, proyecto estrella que él mismo dirigía, en un 52%, pasando de los 255 presupuestados inicialmente a 388 millones de euros. 133 más, de los que nunca más se supo.

De la sospecha de compras irregulares de material sanitario durante la pandemia desde su ministerio se ha escrito y hablado ya mucho, al punto de obligarle a comparecer ante la comisión de investigación abierta en el Congreso, sin que de momento se haya podido probar nada. Pero tras las sentencias de inconstitucionalidad de algunas de las medidas vinculadas al uso obligatorio de la mascarilla y a las restricciones de circulación que se impusieron durante ese periodo a la ciudadanía, su gestión se puso en tela de juicio y salió muy tocada.

Sabiendo esto quizá se comprende mejor por qué el portavoz de Junts en el Parlament, Albert Batet, dijo que el suyo era «un problema de credibilidad». Aunque su desconfianza parta más bien de que, pese a la insistente promesa de Illa de «gobernar para todos» y al catalanismo del que ahora hace gala, en 2017 se pusiese a la cabeza de la manifestación antiindependentista 'Prou! Recuperem el seny', organizada por Sociedad Civil Catalana y a que fuese un proactivo defensor de la aplicación del artículo 155 que intervino la autonomía de Cataluña, a resultas del 'procés'.

Ahora estamos –nos dicen– en otro tiempo, donde no caben más que la reconciliación y la concordia. Y el nuevo president afirma estar decidido a desmontar, con hechos y no con palabras, cada uno de los prejuicios y recelos que suscitan su trayectoria y su persona. Pero no tendrá fácil cumplir sus promesas, singularmente el compromiso de un concierto económico para Cataluña que es plenamente consciente de que no depende de su voluntad, ni siquiera de lo que se vote en el Parlament, sino de lo que decida el Congreso donde el PSOE no cuenta con una mayoría estable. El suyo será, lo admita o no, «un Gobierno sucursalista» apoyado en la mala conciencia de ERC por haber roto la unidad de acción de los partidos independentistas. ¿Qué podría salir mal con tales antecedentes?