d. guadilla
Miércoles, 6 de mayo 2020, 01:08
El caos o el estado de alarma. Ese es el mensaje que ha lanzado el Gobierno. El propio Pedro Sánchez enfatizó ayer en el Senado que solo con este precepto constitucional vigente es posible mantener las restricciones que han permitido frenar los contagios. Pero ... desde el PP se opina que hay otras alternativas. Se cita, por ejemplo, la ley de Salud Pública, la de Seguridad Nacional o la de Protección Civil. ¿Hay 'plan B' al estado de alarma?
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Alberto López Basaguren es de los que de forma taxativa opina que no. «Buscar una alternativa caprichosa sería una tomadura de pelo. No nos hagamos trampas», sostiene el catedrático de Derecho Constitucional de la UPV. Su argumento es claro: si el estado de alarma existe es por algo, y es para situaciones como la actual. Intentar establecer restricciones mediante otras vías legales, además, podría crear un precedente peligroso.
Basaguren fija tres principios. Sostiene que la legislación sobre salud pública habla sobre todo de limitaciones para pequeños grupos, que debe hacerse con control judicial y que debe argumentarse su urgencia. «Y estamos hablando de algo que empezó hace casi dos meses». En resumen, que si se deroga el estado de alarma no se podrían restringir de forma masiva los movimientos de personas y «limitar el mercado».
A su juicio, la salida al laberinto hay que buscarla en otro lugar. No se trataría de derogar el estado de alarma, sino de negociar qué estado de alarma se quiere establecer. Porque Basaguren recuerda que el Congreso tiene capacidad para modificar la propuesta remitida por el Gobierno.
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En una línea similar se expresa Naiara Arriola, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto. En su opinión, en caso de que no se prorrogue el estado de alarma «las cuestiones sanitarias que justifican las restricciones actuales perderían su mando único, por lo que cualquier restricción sería ya de carácter autonómico y no nacional», y «no parece razonable que se pueda afrontar la desescalada sin coordinación nacional».
Arriola cree que hace falta «un ejercicio de compromiso y de coordinación por todas las instituciones y actuar bajo el principio de cooperación intergubernamental recíproca». Pero es igual de contundente que Basaguren: «Las limitaciones tan generales que se están haciendo de la libertad deambulatoria sólo se amparan dentro de un estado de alarma» que, «normativamente, es la respuesta más ajustada a la situación en la que nos encontramos y a las fases de desescalada que afrontamos».
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