Aldabonazo de los socios a Sánchez por su lenta reacción al descontento social

Uno tras otro, los portavoces parlamentarios de formaciones como Esquerra, Eh-Bildu, Compromís, Más País o el PdeCAT e incluso el partido minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, advirtieron de algo que de lo que, a su juicio, parece no ser consciente el presidente, que la situación es ya «crítica». Quizá fue Iñigo Errejón quien lo expuso de una manera más gráfica: «O actúa o al Gobierno se le escapa la legislatura de las manos», dijo.

El Ejecutivo defiende que su intención es ahormar un acuerdo de país en el que participen los grupos parlamentarios, las comunidades, los ayuntamientos y los agentes sociales, con los que ha ido celebrando reuniones de las que, sin embargo, no ha salido hasta ahora ninguna propuesta concreta. Sánchez se reunió este martes, junto a Ribera, con los primeros ejecutivos de las principales compañías eléctricas. Prácticamente lo único que trascendió fue que no se les había planteado que asuman un impuesto extra, la medida por la que Unidas Podemos lleva peleando semanas.

El presidente del Gobierno lleva sin ofrecer, por otro lado, una rueda de prensa desde hace una semana, cuando inició la ronda de contactos con líderes europeos para ganar adeptos a la propuesta a la que decidió supeditar su plan nacional frente a la crisis, una intervención en el mercado de la energía para desacoplar los precios del gas de los de la electricidad. La iniciativa, rechazada por Holanda, Austria y Alemania –con cuyo canciller, Olaf Scholz, se entrevistó Sánchez el pasado viernes– no se incluyó en un primer momento en el orden del día del Consejo, según constaba en el borrador inicial remitido a los Estados. Pero ni siquiera eso hizo modificar la estrategia.

Al paro de casi diez días de los transportistas, que ya ha provocado problemas de abastecimiento y ha obligado a parar la producción de empresas de diversos sectores, se ha añadido ahora uno de pescadores y a la protesta se suman también ambulancias y taxis. «Entendemos la preocupación que traslada la sociedad por lo que representa esta situación de tensión en precios, pero es verdad también que no partimos de cero y queremos hacer un trabajo serio, sólido y bien encajado; es importante esperar a ver cómo resuelve Europa esta ecuación», replicó la ministra para la Transición Ecológica.

El Gobierno, que ha visto cómo su oferta de dedicar 500 millones de euros a partir del 1 de abril a bonificar el gasoil profesional caía en saco roto, esgrime que el pasado junio ya se rebajaron todos los impuestos sobre la electricidad y se redujeron en un 80% los peajes a la electrointensiva, y que el pasado diciembre ya inició un diálogo con los transportistas que condujo a la aprobación de un real decreto que obliga a actualizar las tarifas del transporte por la variación del precio del gasóleo.

Sus principales aliados parlamentarios creen, en cambio, que ha faltado agilidad para responder a un escenario explosivo del que, avisan, puede salir muy beneficiada la ultraderecha. La mayoría de los grupos de la investidura coincidieron este martes en instar al Gobierno a reunirse ya con todas las plataformas de transportistas (hasta ahora se ha negado a hacerlo con la convocante de los paros por considerarla minoritaria y violenta) y señalaron que la mayoría de sus demandas son «razonables».

No es la primera vez en los últimos quince días que algunos de estos partidos hacen sonar las sirenas sobre el caldo de cultivo que está generando la inflación. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián ya avisó la semana pasada de que si el Gobierno no da una respuesta progresista a este escenario la ultraderecha se hará con la bandera del descontento y las izquierdas acabarán pasando a la oposición. Y este martes repitió la idea. «Esta situación no tiene precedente en la legislatura –alertó desde el otro lado del espectro político Ferran Bel, del PDeCAT–; ni la pandemia es comparable a lo que nos espera».