Justicia y poder

El conflicto ha surgido por las nuevas exigencias de Junts para que Puigdemont y la 'número dos' de ERC, Marta Rovira, no queden fuera del perdón si el juez Manuel García Castellón insiste en colocar a ambos al frente de Tsunami Democràtic y de los CDR, algunas de cuyas actuaciones califica de terrorismo. El PSOE, cuya estrategia política y comunicativa sigue dejando mucho que desear, había asegurado que el terrorismo era para ellos una «línea roja». Ha bastado otra vuelta de tuerca de Junts para tragar con la existencia de una especie de terrorismo 'light', que solo dejaría fuera del ámbito de aplicación aquellas actuaciones que hayan supuesta una violación grave de los derechos humanos.

¿Objetivo cumplido? Para nada. No con el juez Manuel García Castellón. Sí, aquel al que los corruptos Ignacio González y Eduardo Zaplana querían de vuelta en la Audiencia Nacional para solventar sus problemas. Y que ahora, a cada paso que dan PSOE y Junts, mueve ficha. Objetivo: que actuaciones de los CDR y Tsunami sean calificadas como terrorismo, algo bastante más que discutible, y que Puigdemont y Rovira sigan en el exilio o acaben en la cárcel. Ayer, tras el último movimiento socialista saltándose sus propias líneas rojas, sosteniendo que cuando dos policías resultaron gravemente heridos en los disturbios de octubre de 2019 en Barcelona, se violó su derecho a la vida y a la integridad física que ampara la Convención Europa de Derechos Humanos. Con ello, la amnistía no alcanzaría a los dos políticos 'indepes'. Veremos hasta dónde llega el pulso Justicia-poder.

Que esta nueva tormenta haya llevado a García-Page a decir que su partido se halla en el «extrarradio» de la Constitución ha propiciado una avalancha de críticas internas contra él. Nada nuevo bajo el sol, más allá de evidenciar que los nervios están a flor de piel en el PSOE. Como en la República. Como cuando dimitió Felipe González por el marxismo. O como cuando el aparato felipista se cargó a Sánchez por negarse a tragar con el sí a Rajoy.

El PSOE siempre ha tenido un ala moderada y otra más radical de izquierdas. Hoy también. Si Sánchez purgara a sus discrepantes, sus posibilidades de seguir en el poder se difuminarían. Por ello no habrá expediente disciplinario a Page. Toca seguir en la trinchera porque el PP va a prolongar la tormenta de la amnistía durante muchos meses. Todo hasta ver si al final el programa social del Gobierno se impone en las urnas a todo lo demás.

Mucho más escandaloso resulta que el ministro de Interior, Grande-Marlaska, siga aún en su cargo después de que el Supremo haya dictaminado que la expulsión de 45 menores a Marruecos en 2021 vulneró la ley. Que Marlaska continúe por decisión de Sánchez es una vergüenza democrática.