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Es evidente que el expresidente y exlíder del PP José María Aznar conserva un elevado predicamento en el segmento más conservador de la sociedad española, en las bases de su partido e incluso en las de Vox. Ello pese a los escándalos de corrupción que ... han salpicado a muchos de sus ministros. Y a las mentiras y a los repugnantes intentos de manipulación que siguieron a los brutales atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Por eso, hace unos meses, en plena refriega contra la más que discutible ley de amnistía promovida por Pedro Sánchez exclusivamente para conservar el poder, tomé buena nota de unas palabras de Aznar y las archivé. «Sánchez es un peligro para la democracia española. La inhibición no tiene hueco», soltó. «¿Qué se puede hacer? El que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. Y el que se pueda mover, que se mueva», enfatizó.
No sé hasta qué punto han podido influir estas palabras en las actuaciones del Supremo, del Consejo del Poder Judicial, en el sector minoritario del Constitucional, o en determinados jueces y fiscales. Tengo mi opinión, pero prefiero respetar su libertad para pensar como quieran. Lo cierto es que al presidente, al PSOE y al Gobierno progresista se le amontonan los problemas. Y la falta de resultados. Más allá, claro, del pacto para desbloquear el CGPJ y para nombrar magistrado del TC a un togado que se ha alineado públicamente con las tesis más conservadoras, sellado por el PSOE con un PP cada día más derechizado para intentar achicar espacios a Vox. Última evidencia: las palabras de Miguel Tellado -el portavoz nombrado por Feijóo para mantener vivo el conflicto con el Gobierno- reclamando la intervención de la Armada para frenar la inmigración. Como ya hizo Abascal.
De momento lo cierto es que el Supremo ha paralizado la aplicación de la amnistía a Puigdemont y a Oriol Junqueras (ERC). Sostiene que es posible hacerlo porque usaron fondos públicos para el 'procés', en lugar de costearlo de su bolsillo, y esa es el tipo de malversación que excluye la ley. Lo confieso: me resulta difícilmente comprensible tal argumentación. Pero no soy jurista y como otros a quienes respeto no se ponen de acuerdo, esperaré el pronunciamiento del Constitucional -contra el que ya ha iniciado una campaña el PP porque no lo controla- y de Europa.
Esta semana el abogado de Puigdemont ha confirmado que el expresident catalán vendrá para la investidura. Claro, si es que la hay. No es descartable que lleguemos al 26 de agosto sin que el socialista Illa tenga el imprescidible apoyo de ERC para llegar a la Generalitat. Junts reclama a los republicanos que aguanten y vayan juntos a otras elecciones anticipadas. ¿Contempla Puigdemont volver antes para ser encarcelado y movilizar al máximo al electorado 'indepe', buena parte del cual no votó en los últimos comicios?
Mientras, para no aburrirnos, hoy comparece ante el juez Begoña Gómez por la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias por algunas de sus actividades profesionales. No acierto a ver que haya podido cometer algún delito. Pero cada vez me parece menos ético su comportamiento. Desde luego como para regular ya la actividad profesional de las parejas de las y los presidentes.
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