Feijóo tenía razón, España tiene «la peor clase política en democracia». ¡Qué bochorno!

Seis meses después, la realidad sigue empeñada en darle la razón. De hecho, es muy posible que en su día se quedase corto. Porque el espectáculo que los representantes de los ciudadanos han dado con la reforma legal para acortar la estancia en prisión de más de cuarenta etarras, incluidos los más sanguinarios, evidencia con toda su crudeza el preocupante nivel de la política actual. Porque aquí, hay muy pocos que se salven.

Por partes. Esta polémica reforma legal es una histórica reivindicación de EH Bildu. Se trataba de «la madre de todas las batallas», como confesó Arnaldo Otegi en los audios desvelados por EL CORREO en 2021. «Necesitamos seis años más (de Pedro Sánchez). Por eso no lo decimos en público. Si para que salgan los 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos», confesó. En efecto, los han votado y lo seguirán haciendo 'sine die' para que Sánchez siga en La Moncloa.

Y no, aquí no hay nada 'gratis et amore'. La mejor prueba es esta reforma legal. La misma que hace dos años saltó a los medios y viendo la polémica que se estaba generando, el Gobierno negó de forma tajante que sirviera para lo que en realidad sirve. Ahora, después de avalarla el PP «por error», ya no es necesario fingir. Fuera caretas. ¿Cómo no vamos a aprobarla si incluso la ha apoyado el PP y Vox?, ironizan en el Ejecutivo no sin razón.

El Gobierno aprovechó julio para impulsar la reforma de la ley 7/2014 a través de la trasposición de una directiva europea que no dice que haya que acortar la estancia en prisión de etarras (eso de culpar siempre a Bruselas aquí no vale). El PSOE se apoyó en Sumar para que hiciera el 'trabajo sucio' presentando dos enmiendas que daban vía libre a la exigencia de EH Bildu. Una de ellas, clave, era para «suprimir la disposición adicional única» de la ley. Esta disposición era el dique de contención para evitar la salida masiva de etarras que habían cumplido penas en Francia. La incorporó el PP en el Senado en 2014 después de que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobase la ley en el Consejo de Ministros sin incluirla (otro de los argumentos ahora usados por el Gobierno del PSOE).

El caso es que se aprobó. No sólo eso. También tuvo luz verde del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasbugo, entre críticas de la izquierda abertzale. Y ahora, diez años después, las Cortes Generales la van a suprimir porque así lo han querido por unanimidad los representantes de la soberanía nacional, también los que votaron al PP y a... ¡Vox!

Es verdad que si el PP y Vox se hubieran dado cuenta y hubiesen votado en contra, el Congreso la habría aprobado de todos modos porque para este tipo de cosas, la mayoría de la investidura-progresista-plurinacional sí existe. La única duda era saber si el PSOE se hubiera atrevido a impulsarla o, como sucedió hace dos años, apostaría por decir que esto no es lo que realmente es. Poco importa ya. El PP le ha hecho el trabajo sucio.

No digan que no lo advirtió Feijóo. «Esta es la peor clase política de la democracia». Pues eso. ¡Qué bochorno!