Los 26 acusados del 'caso De Miguel', en manos de los jueces

Algunos de los que se sentaban en el banquillo, como el ex diputado foral Alfredo de Miguel, se expone a 29 años de prisión. Es lo que pide para él la Fiscalía, que le acusa de los presuntos delitos de cohecho, malversación y prevaricación. En resumen, considera que crearon una trama similar a la de la «mafia siciliana» con la que aprovechaban sus contactos como responsables del PNV -a De Miguel se le llegó a considerar como el sucesor natural de Iñaki Gerenabarrena, exlíder del partido en Álava- para adjudicar contratos y cobrar comisiones a empresarios.

Los tres jueces encargados del caso, Jaime Tapia, presidente de la Sala, Elena Cabero, quien escribirá la sentencia, y Raúl Aztiria tienen ahora varios meses para deliberar y decidir. La resolución judicial no se espera hasta el verano. En ningún caso antes de que se celebren las elecciones municipales y forales del 26 de mayo. Para no incidir en las votaciones.

Una sentencia que condenara a Alfredo de Miguel y a alguno de los trece exdirigentes y altos cargos jeltzales que se han sentado en el banquillo de los acusados señalaría directamente al PNV, una formación que ha presumido de no tener mácula por la corrupción. Entre los procesados figuran antiguos dirigentes como De Miguel llamados a ostentar el mando del partido en el futuro. Sólo su detención en 2010 hizo que todo se truncase. El EBB les obligó a que entregaran el carnet -Iñigo Urkullu presidía la formación-, aunque pasaron seis meses hasta que los implicados dieron el paso de abandonar el PNV. Pesó en ello los lazos de amistad que tenían con el sector soberanista que abanderaban el propio Gerenabarrena y Joseba Egibar. El líder guipuzcoano no escondió su respaldo a De Miguel y protagonizó una foto que ahora le puede pasar factura: la del abrazo que se dedicaron dentro del Parlamento vasco cuando el exdiputado foral acudió a prestar declaración ante la comisión de investigación.

Si el juicio ha sido para alguien un calvario inesperado, ése ha sido el juez Jaime Tapia. El magistrado, que preside la Sala y cuenta con una larga trayectoria, se ha visto salpicado por la polémica en la recta final de la vista oral. La última el pasado miércoles cuando en un gesto nada habitual deseó «lo mejor» a los procesados, algunos de los cuales se enfrentan a tres décadas de reclusión por graves delitos de corrupción. Unas palabras que son difíciles de imaginar en cualquier otro caso de esta relevancia. Sobre todo porque él, junto a Cabero y Aztiria, deben decidir quién entra en la cárcel y quién no, si es que alguien acaba entre rejas.

Pero no ha sido el único desliz. A comienzos de septiembre, cuando este periódico destapó que Fiscalía y los principales acusados negociaban unas condenas de cárcel mínimas a cambio de confesar los delitos, concedió una entrevista en la radio en la que acusó a los fiscales de «inflar» sus peticiones de cárcel para luego pactar unas condenas mucho menores. Unas declaraciones que le provocaron un tirón de orejas por parte de la junta de fiscales de Euskadi -consentida por la cúpula del Tribunal Superior vasco- y una acalorada discusión en el Palacio de Justicia de Álava con otra compañera de profesión.

Un mes estuvo parado el juicio mientras Fiscalía y los principales procesados negociaban unas condenas menores a cambio de confesar algunos de los delitos. Durante las conversaciones los tres principales implicados -De Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano- plantearon incluso como moneda de cambio la posibilidad de que sus parejas evitasen la cárcel. Aquellos contactos no llegaron a buen puerto, pero mermaron la estrategia de defensa. Porque desde un primer momento los principales procesados habían sostenido que las acusaciones eran falsas, que la primera denunciante mentía -Ainhoa Alberdi aseguraba que le pidieron 100.000 euros como comisión por adjudicarle un trabajo en el parque tecnológico de Miñano-, y que incluso la Ertzaintza había manipulado algunas grabaciones.

Así lo dijo el fiscal jefe de Álava en una de las sesiones. Las empresas que habían creado De Miguel, Tellería y Ochandiano eran un «cascarón vacío», sin fondos ni empleados, cuya única finalidad era «regularizar actuaciones delictivas». Entre otras cosas sirvieron para pagar nóminas de familiares -la madre de De Miguel estaba contratada para cuidar de sus nietos y percibió 34.000 euros en dos años-, para adquirir joyas, un coche por valor de 30.000 euros y hasta hacer la compra en supermercados. Por ejemplo, gastaron 615 euros en comprar café de una determinada marca.

Tres testimonios han sostenido la acusación del fiscal, Josu Izaguirre. El primero el de Ainhoa Alberdi, la urbanista que denunció el caso y que reconoció ante el tribunal cómo le pidieron una comisión de 100.000 euros para que le adjudicasen unos proyectos en Miñano. Cuando se resistió a pagar le amenazaron con no volver a trabajar para la Administración pública en Álava. Otra de las declaraciones inculpatorias fue la de Josu Arruti, un empresario amigo de De Miguel y afiliado al PNV. Él es uno de los que han pactado con el fiscal para no entrar en prisión. Arruti confesó en el juicio que pidió 322.000 euros de 'mordida' a unos constructores catalanes interesados en dar un 'pelotazo' en el municipio de Zambrana con la edificación de un polígono industrial. Una comisión que él y De Miguel debían repartirse. Algo que los propios constructores catalanes -que también han pactado con Izaguirre- reconocieron punto por punto días después ante el tribunal. El tercer testimonio acusatorio pertenece a Prudencio Hierro, quien reconoció que pagó la obra de una casa de De Miguel en Gorliz porque «siempre viene bien» tener un «amigo» en la Administración.