Los principales condenados trabajan para sociedades del Gobierno vasco o con contratos públicos

Al estallar el escándalo, Alfredo de Miguel, ahora condenado a 13 años y tres meses de prisión (9 de máximo cumplimiento), tuvo que dejar su cartera en la Diputación Foral de Álava. Para dedicarse a la vida política había accedido a una excedencia en Sprilur, en Industrialdeak, y otra en IKT, que después se fusionó con Eusko Label e Itsasmendikoi dando origen a Hazi. El exnúmero dos del PNV en Álava no fue readmitido en la primera, pero sí en la segunda. En la sociedad pública dependiente del Gobierno vasco estuvo en varias ocasiones de baja laboral entre 2010 y 2012. Durante la celebración del juicio, que ha durado un año, ha desarrollado su trabajo en la Unidad de Emprendimiento y Desarrollo Rural de Hazi.

Koldo Ochandiano, por su parte, ha regresado en este 2019 como contable al Parque Tecnológico de Álava, en Miñano, donde ya había desarrollado esta labor en los años 2008 y 2009. Para dedicarse a la vida pública también había pedido una excedencia, que concluyó en 2013. Ante la ausencia de una vacante para su regreso en 2017 accedió a una plaza en el Parque Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio. Finalmente volvió a Miñano en 2018, aunque sin poder de contratación.

En este mismo parque ocupa un puesto de directora técnica otra de las imputadas, en concreto Miren Lourdes Bilbao, que ha sido absuelta. En Miñano tenía un puesto igualmente, en la sociedad Ceia, Aitor Tellería, condenado a seis años de prisión. Pero a raíz del 'caso De Miguel' fue despedido y ha centrado su labor profesional en el ámbito privado.

Iñaki San Juan, al que se le ha impuesto una pena de cinco años de prisión, tiene firmados contratos con el Departamento de Juventud del Gobierno vasco. Hace diez años, era administrador de la empresa Errexal, que habría recibido contratos irregulares procedentes del área de Sánchez Robles. Errexal ha cambiado de nombre y bajo la denominación de Perexila continúa dedicándose a la misma actividad, consultora y promotora cultural. En el juicio, él mismo reonoció que su empresa había empezado a trabajar de nuevo con Juventud en 2018. Perixila fue, además, subcontratada por Montai, dirigida por un cargo del PNV.

Mientras Sergio Fernández, condenado a un año y medio de cárcel, y que consideraba a De Miguel su 'padrino' en la política, ha seguido recibiendo contratos con Stoa, la empresa contratada para la ahora paralizada segunda fase de la ampliación del parque tecnológico de Álava, una de las derivadas del 'caso De Miguel'.

Otro de los principales condenados, Xabier Sánchez Robles (7 años y un mes de cárcel) fue director de Juventud del Gobierno vasco con Juan José Ibarretxe como lehendakari. Funcionario de la Diputación de Bizkaia, ahora ya está jubilado.

Por el contrario, la familia Arruti, de la que están implicados en el caso cuatro miembros no tiene contratos públicos sino que regenta una sala de bingo en Bizkaia. Josu Arruti Letamendia, condenado a un año y medio de prisión, es el que ha recibido mayor pena. Su padre, también acusado, a nueve meses, mientras que su hermana Estíbaliz ha quedado absuelta, al igual que su marido, Gorka Errasti.