«La actitud de los partidos que ocupan las instituciones es un cáncer para el sistema»

- ¿Entiende que una comunidad pueda hacerse insumisa a un decreto ley?

- Son más palabras políticas que hechos reales. No cabe una insumisión por parte de una comunidad. Otra cosa es que en todo sistema de distribución del poder de carácter federal o similar hay tensiones. Eso pasa en todos los países del mundo. Pero es verdad que en España hay un tendencia muy grande a que cualquier discrepancia adopte un tono excesivo, sobre todo verbal.

- El PP amenaza con llevarlo al Constitucional.

- El recurso está ahí para quien quiera utilizarlo y no hay que dramatizar. Pero yo creo que ese recurso no tiene ninguna viabilidad. En un análisis políticamente desprejuiciado creo que la urgencia y la necesidad están justificadas. Pero es evidente que en lo que se refiere a la presentación de los recursos ante el Constitucional también hay elementos políticos.

- ¿Se usa esa vía con demasiada alegría?

- El recurso es legítimo porque a veces hay dudas y para eso está. Pero estoy convencido a ciencia cierta de que los asesores jurídicos de los partidos en muchas ocasiones tienen claro que su presentación no tiene viabilidad jurídica, pero se acaba registrando porque los responsables de las formaciones creen que tiene viabilidad política. ¿Que luego el Tribunal Constitucional dice que no había ninguna razón para interponerlo? Da lo mismo, ya ha cumplido esa función política que a ese partido le interesaba. Habría que pedirles un poco de responsabilidad.

- ¿Invade competencias autonómicas el decreto de medidas energéticas?

- No sé si habrá alguna cosa, pero de forma general ha sido redactado dentro del ámbito de competencias del Estado, en eso hay pocas dudas. Otra cosa es si es sensato y conveniente hacerlo sin contar con las comunidades o sin hablar con ellas.

- ¿A qué se refiere?

- Es verdad que una comunidad no puede declararse insumisa, pero en la práctica tiene capacidad para entorpecer la aplicación de una norma dictada de acuerdo a la competencia del Estado. No hay que olvidar que, por ejemplo, las que deben hacer cumplir las normas son las autonomías.

- ¿Ha faltado ese diálogo que ha denunciado el lehendakari?

- No lo sé. Pero que el Estado sea competente en esta cuestión no justifica que no tenga que hablar con las comunidades. Básicamente, porque no hay ámbitos aislados de competencias. Es conveniente que previamente se hable con las comunidades porque va a depender de ellas que la ejecución de esas medidas sea buena. Hay una cuestión de eficacia práctica, de egoísmo. Al Estado le conviene hablar con las comunidades porque pueden poner encima de la mesa temas que, quizá por la rapidez con la que se han tomado las medidas, no se han visto o no se han podido prever. Hay que aprovechar la experiencia aprendida en la pandemia, comprender que es conveniente poner las cosas en común, aunque luego decida quien tiene la competencia.

- ¿Ha vuelto a fallar la cogobernanza?

- Siempre me ha parecido una expresión desafortunada, aunque ha tenido mucho éxito social y político.

- ¿Por qué no le gusta?

- El término cogobernanza se inventó por parte del partido del Gobierno. Creo que no añade nada nuevo pero sí induce a la confusión porque parece que indica que todo se debe decidir entre todos como si esto fuese un sistema de cogestión. Y no es eso. Lo que exige un sistema federal o federalizante es que haya una distribución de competencias y que cada institución las ejerza. Crear espacios de colaboración.

- Para eso también es necesario sentido de Estado, lealtad constitucional o aparcar el partidismo. Da la sensación de que por defecto lo que propone el PSOE lo critica el PP, y viceversa.

- Eso hasta cierto punto es normal y ocurre en todos los países. Pero eso se contrarresta haciendo que la comunicación entre las comunidades y el Estado sea continuamente abierta, fértil... La experiencia demuestra que en los países de tipo federal, cuando se confrontan argumentos, es cuando se supera esa inicial confrontación. Hay que dar incentivos y demostrar a todos los que participan que hacerlo lealmente, no teniendo posturas cerradas de partida, es rentable para todos.

- ¿No abusa el Gobierno del decreto ley?

- Se viene abusando en exceso desde el inicio del sistema constitucional. Todos los gobiernos, de diferentes colores, lo han ido incrementando. En España es un problema gravísimo e inaceptable. Pero en este caso creo que está justificado.

- ¿Cuál es la diferencia?

- Se ha abusado tanto del decreto ley que cuando se utiliza nos pone en guardia. Pero es un elemento necesario en las sociedades modernas cuando se da una situación de urgente necesidad, y esta es una situación clarísima.

- Da la sensación de que se vuelve a la inseguridad jurídica, a las dudas de los ciudadanos...

- Es más una sensación. Si unas instituciones dicen una cosa y otras la contraria es normal que a la gente le entren dudas. Y eso sí genera un peligro porque las normas no pueden cumplirse si solo residen sobre la amenaza de una sanción. La inmensa mayoría de la población tiene que asumir la norma para que el sistema funcione. Pero no hay un problema de inseguridad jurídica.

- Salimos de una pandemia, y ahora vuelven las limitaciones. ¿Se están vulnerando derechos fundamentales?

- Poner el aire acondicionado a 27 grados no es una cuestión de derechos fundamentales. Hay una inflación de lo que se piensa que son derechos fundamentales. Y es un problema, porque al final no se valoran los que realmente sí lo son.

- Hablaba antes de pedir responsabilidad a los partidos, ¿entiende lo que está sucediendo con la renovación de los órganos judiciales?

- La actitud del PP de negarse a la renovación es de una gravedad extrema y carece de la más mínima justificación. Un partido no puede oponerse a cumplir una ley que está vigente y que ellos mismos han aplicado. Eso es corrosivo para el sistema democrático. Es inadmisible. Desde el punto de vista constitucional o democrático es una aberración difícilmente superable.

- Tampoco el Gobierno ha demostrado mucha flexibilidad.

- Ha habido actuaciones muy poco presentables por todas las partes, porque el Gobierno ha reaccionado con medidas legales poco meditadas y deprisa y corriendo. A la actitud impresentable del PP en esta cuestión, el Gobierno no ha respondido con la mayor inteligencia.

- ¿Pero el actual sistema es el mejor posible?

- Cualquier sistema puede funciona bien o mal, cualquier modelo tiene sus cosas buenas o malas. En la práctica éste se ha demostrado nefasto, pero el anterior también evidenció muchos problemas. La que es decisiva es la actitud de los partidos que dominan las instituciones, y ahí tenemos un cáncer en el sistema político español. Tuvimos instituciones de control que funcionaron muy bien, de prestigio y con personas de diferentes opciones ideológicas. Porque a un partido no le puedes pedir que ponga a una persona contraria a su ideario, pero sí se le debe exigir que nombre a profesionales intachables.

- ¿Y eso no está ocurriendo?

- No se debe nombrar a peones de partido que van defender los intereses de ese partido, sino a gente profesional. Y todos los partidos han hecho lo mismo. Y no hablo solo de los mayoritarios, también del PNV y CiU. En muchos casos, no en todos, han colocado personas de no suficiente prestigio profesional para un cargo de ese tipo.