Acabar con la interinidad provocada

Las renovaciones de los miembros del CGPJ, periodos de cinco años, han sido en España más polémicas que pacíficas; casi siempre han estado inmersas en momentos de intenso enfrentamiento entre las dos grandes formaciones, socialistas y populares, que sin el acuerdo entre ambas, por pura aritmética, resulta imposible llevar adelante cualquier intento de renovación. Lo que está sucediendo con esta última renovación es una auténtica vergüenza, pues desde que en diciembre de 2018 fracasó el reparto entre el PP y el PSOE, el Consejo ha sido instrumentalizado políticamente, siendo inadmisible la actitud del PP, que ha jugado con la renovación como parte de su estrategia de confrontación contra el Gobierno. Pero también hemos sido testigos en este tiempo de interinidad, con las funciones caducadas, cómo el propio CGPJ ha colaborado tácitamente con la estrategia de Casado al darle por la vía de la rutina de los hechos una justificación a la interinidad en lugar de plantarse y exigir al PP y al PSOE la renovación inmediata.

La gran paradoja que nos muestran los intentos de renovación es que el Consejo que constitucionalmente tiene asignada la función de ser garante de la independencia del Poder Judicial, es incapaz de garantizar ni siquiera su propia independencia. No solo porque en su designación las formaciones políticas tienen una intervención, digamos, excesiva y arbitraria que atiende más a lealtades o enemistades que a elementos más objetivos como la capacidad y los méritos, sino también porque se ha impuesto una concepción servil de la independencia. Conforme al modelo de selección cualquier intento de pacto se topa con la dificultad añadida de los vetos. Hasta llegar al extremo exorbitante del PP que pone como condición que Podemos no intervenga directa ni indirectamente en la negociación.

En el momento de escribir este artículo, pese haberse anunciado que el pacto es inminente, todavía sigue sin anunciarse. Ojalá se levanten los vetos, que flexibilicen todos sus posiciones, con disposición a proponer vocales que conciten más consenso que disenso, y se llegue a poner fin a este vía crucis que tanto daño hace a la legitimidad real del Poder Judicial. El acuerdo cuando se dé, es decir cuando el PP quiera, no habrá resuelto los problemas de fondo que tiene el CGPJ, pero se habrá superado esta interinidad maliciosamente provocada. Se podrá inaugurar así un tiempo para efectuar las reformas legales profundas para que este órgano de gobierno del Poder Judicial sea útil para la función constitucional asignada y no para otros fines espurios.