La ley del aborto: blindada en la sanidad pública y con penas por «acoso»

Con la reforma legal, desaparecen los tres días de reflexión que fijaba la anterior norma antes de someterse a un aborto. Además, las mujeres pueden acogerse a una baja incapacitante por la interrupción voluntaria del embarazo y se crean servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializado. Paralelaente, se dejará de entregar el sobre con información a las mujeres que vayan a abortar. Sólo se le proporcionará a aquellas que lo pidan expresamente.

Otra novedad es que las jóvenes de 16 y de 17 años podrán abortar sin necesidad de tener permiso paterno ni judicial, como era necesario antes. Además, las menores de dicha edad a quienes sus padres nieguen el permiso para interrumpir su embarazo tendrán la capacidad para solicitar que se nombre un defensor judicial que resuelva el conflicto. El procedimiento será urgente e intervendrá la Fiscalía.

Con la nueva ley se proporcionará, gratuitamente, la píldora del día después en los centros de salud y los de salud sexual y reproductiva. Su coste es de alrededor de 20 euros en farmacias.

Se excluye a los médicos inscritos en el censo de objetores –cuya opción sigue contemplada en la ley– de los comités clínicos que analizan si una mujer puede abortar más allá de la semana 22. La ley mantiene que solo está permitido en casos de malformaciones incompatibles con la vida o por una enfermedad grave e incurable. Asimismo, la opinión de estos comités ya no será la definitiva. La mujer podrá recurrir a la vía jurisdiccional cuando no esté conforme con la decisión.

La educación sexual será integral en las principales etapas educativas con el foco en el consentimientos y los buenos tratos. Se establece el reparto de forma gratuita métodos barrera de anticonceptivos en centros educativos vinculados a campañas sobre educación sexual.

En su declaración institucional de ayer, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, rechazó el protocolo «provida» propuesto por su vicepresidente, Juan García-Gallardo, por, entre otras razones, la posibilidad de que «pueda suponer coacciones directas» a las mujeres. Si bien la última reforma legal no hacía referencia expresa a esta situación, el Gobierno ya tipificó como delito en abril del año pasado en el Código Penal el acoso tanto a quienes abortan como al personal sanitario que practica interrupciones del embarazo.

La ley regula por primera vez en un país europeo el derecho de una mujer que sufra reglas muy dolorosas a cogerse una baja laboral. Este incluye en el catálogo de causas que generan incapacidad temporal.