Ábalos reprocha a la UCO actuar «sin sentido común» en el informe sobre su patrimonio

El escrito, denominado Observaciones al informe de la UCO de 17 de marzo de 2025, y que viene acompañado de una extensa documentación, detalla punto a punto los bienes inmuebles, vehículos, sociedades y cada apunte que realizaron los agentes para tratar de arrojar luz sobre determinados indicios.

Así, sobre la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), vinculada al exministro, explica que el informe «yerra» al calificarla de sociedad y detalla que los fundadores, entre los que estaba Ábalos, hicieron aportaciones iniciales a fondo perdido dado que en este tipo de entidades «no hay posibilidad de negociar ni transaccionar con participaciones inexistentes».

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A juicio del parlamentario, la investigación «trata de arrojar sospechas sobre dichos vínculos y sobre la reputación de la fundación, que cesó en su actividad sin dejar pendiente de justificar ningún proyecto merecedor de financiación pública a través de las convocatorias a las que se presentó en concurrencia abierta con otras, ni ha dejado pendiente tampoco ningún expediente de reintegro o devolución parcial o total de subvenciones recibidas».

En este sentido, destaca que el exministro «nunca recibió retribución alguna por parte de Fiadelso», sino que, al contrario, «ha contribuido con aportaciones económicas personales y con la cesión del uso de un inmueble cuya propiedad tiene compartida con otras personas». «Por tanto, la intención no es solo proyectar la idea de negocios encubiertos sino además cuestionar su compromiso con determinados valores», reprocha.

En cuanto al terreno a su nombre en Chimbote (Perú), donde se construyó una edificación, explica que era destinado a Fiadelso y que aparece junto a otra persona como propietario de esos terrenos porque la fundación «no pudo actuar como compradora dado que carecía de personalidad jurídica en Perú».

Explica, asimismo, que el centro construido en esos terrenos «desarrolló multitud de actividades culturales, formativas, sanitarias y sociales a iniciativa de la propia fundación o a requerimiento de entidades sociales o institucionales». Y que tras años de actividad quedó en desuso «entrando en una situación de inactividad» derivada también del cese de la fundación, que ya no podía asumir los gastos de su mantenimiento ni del personal necesario para guardar el centro social.

Sobre la parcela ubicada en el Mirador del Carmen en Tuluá (Colombia), afea que la UCO no haya contrastado la información que volcó en su informe «aventurando la existencia de una casa y confundiendo el tipo de cambio de moneda». De hecho, explica que atribuye una casa en fase de construcción y, sin embargo, «corresponde al terreno contiguo». Apoya esta aseveración en multitud de fotografías del terreno.

Además, aclara que compró ese terreno en 2003 y lo vendió en 2013 en el mismo estado, sin ninguna construcción. Y lamenta que se le haya «atribuido falsamente la propiedad de una casa, la vigencia de dicha propiedad en la actualidad (...) y un precio de adquisición disparatado de más de 2,1 millones de euros». Denuncia una vez más que la UCO actuó en ese asunto «sin sentido común» y «bajo una idea predeterminada de culpabilidad», por lo que interpreta la información conseguida «de manera que sirva para confirmar la creencia inicial».

Sobre ello, se pregunta si, dado que el instructor Leopoldo Puente asumió el error en el precio de adquisición de ese terreno, «seguirá asumiendo en lo sucesivo (...) los posibles errores que pueda cometer en el futuro la unidad de policial judicial investigadora». «Porque de ser así, el investigado se enfrenta a una situación de desamparo frente a cualquier actuación que pudiera resultarle lesiva por parte de la unidad investigadora, dado que no hay nadie que resulte infalible», lamenta.

Sobre otros bienes inmuebles, explica que tiene la titularidad exclusiva de una vivienda en Valencia desde que en 1992 liquidara la sociedad conyugal con una de sus exmujeres. En cuanto al bajo comercial ubicado también en Valencia, detalla que fue adquirido en 2003 por Ábalos y otras dos personas vinculadas con Fiadelso y resalta que no eran socios «sino amigos y compañeros de partido».

Por otro lado, sobre el piso de la calle del Humilladero (Madrid), explica que fue adquirida en 2010 por otra de sus exesposas, y que fue alquilado por su exasesor en Transportes Koldo García «desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2021». «No es cierto, sin embargo, como dice el informe de la UCO que Patricia U., expareja de García, se encuentre empadronada en ese domicilio pues quien está empadronada en la actualidad» es una hija de Ábalos.

En referencia a las 258 cuentas vinculadas al PSOE que recogía la UCO, señala que solo reconoce una mientras fue dirigente del PSOE valenciano. Y añade que hay otras seis cuentas en las que aparece: dos depósitos personales, dos con su exmujer, una en la que es apoderado de uno de sus hijos y una para pagos de recurrentes de un local. Sobre los vehículos que recogía el informe de la UCO, solo confirma dos: un Land Rover de segunda mano que le ofertó Joseba García, hermano de Koldo, y un Volkswagen comprado en 2022.