El Gobierno central controlaba en 2018 a 210 presos de ETA: sólo quedan 36

Uno de los más esperados era Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, en una charla presentada por Marta Buesa, presidenta del patronato que lleva el nombre del político socialista asesinado por ETA. Ortiz hizo un detallado resumen legal del acceso a los terceros grados y a los regímenes de semilibertad y cifró en 36 los presos de ETA que siguen en cárceles dependientes de la Administración General del Estado (10 de ellos están en Navarra). «Cuando llegamos en 2018 había 210», apuntó. La inmensa mayoría está ya en Euskadi.

También concretó que han dado, desde 2018, han tramitado 29 terceros grados y que sólo tres de ellos fue revocado. A juicio del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, «hay un marco legal suficiente» para que los presos de ETA puedan colaborar en la resolución de los más de 300 casos in resolver. «El artículo 90 es suficiente», valoró.

La conferencia inaugural de las jornadas corrió a cargo de Sholomo Ben Ami, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Ben Ami destacó la diferencia del caso vasco con otros procesos de paz ya que «no llegó como consecuencia de una negociación y no aparecen esos contrapesos de justicia y paz. Fue fruto, más bien, de la resiliencia de la sociedad vasca». De fondo está la idea de justicia transicional que Ben Ami ve sobrevolar cualquier conflicto, de Israel a Colombia, incluida la guerra de Ucrania. «Los acuerdos siempre dejan insatisfechos a ambas partes y quizá debe ser así. Pero una paz imperfecta es mejor que una guerra», zanjó. Una situación poco extrapolable a Euskadi, donde «están cumpliendo sus penas porque fueron derrotados», destacó Ben Ami.

Antonio Rivera, director del Instituto Valentín de Foronda, explicó que «los 200 presos que están en la cárcel nos diferencian de otros procesos y aparece una dicotomía: unos se indignan por la salida a la calle de un preso con cinco asesinatos pero que ha cumplido más de veinte años. Y otros vienen a decir que acabado esto, no tiene sentido que se mantengan sus consecuencias, dejando de la lado cualquier idea de justicia».

Numerosos expertos abordarán este jueves y viernes un debate social, político, institucional y mediático acerca de la justicia y las condiciones jurídicas que pueden afectar al cumplimiento de condenas.