Vidas desperdiciadas: la posmodernidad y sus parias

El estudio es demoledor y debiera sonrojarnos. Así, el 18% de la población -más de siete puntos por encima de los años anteriores a la crisis- está en situación de exclusión social. Más de ocho millones de conciudadanos rozando el umbral de la pobreza y más de millón y medio en situación de pobreza severa. Más de dos millones de españoles no saben si podrán permanecer en su vivienda y resulta desalentador comprobar cómo aumenta la cifra de personas trabajadoras que tienen grandes dificultades para llegar a fin de mes. La protección de la infancia también se encuentra bajo mínimos, estando en los puestos de cola de la Unión Europea. Una situación que, como destaca el informe, no es coyuntural o pasajera, sino que se está enquistando.

El agotamiento de nuestro sistema de bienestar, aquel que heredamos del modelo socialdemócrata europeo, no está sabiendo mantenerse y cedemos terreno en materias de educación igualadora, asistencia sanitaria universal, pensiones, coberturas de desempleo, ayudas para la inserción social, acceso a la vivienda, empleo digno y de calidad, posibilidad de «movilidad social» y un largo etcétera.

Con respecto a la industria española, se manifiesta una tendencia a consolidar una producción vinculada al mercado de servicios, al consumo y al ocio. Aquel «capitalismo flexible» de Richard Sennett que se cita en el mencionado informe. Un contexto éste, al decir de los expertos, que nos obliga a depender de otros países europeos, más industriales, y a estar sujetos a una moneda y a unas políticas económicas comunes que han lastrado nuestra salida de la crisis.

En este sentido, los datos demuestran que el País Vasco y Navarra se encuentran en una situación mejor. Nuestra industria se acerca más a los parámetros de producción europeos. En cuanto a inversión educativa, oferta de prestaciones, subsidios de desempleo y menor brecha de pobreza y desigualdad social, nos encontramos muy bien situados con respecto al resto de España. Aún así, no debiera esto hacernos albergar excesivas esperanzas pues, como ya se demostró durante la crisis, nuestra economía está muy vinculada a los vaivenes de la economía general.

No es de extrañar, a la luz de los resultados del estudio (entre el 45% y el 60% de los encuestados les señalan como culpables), que exista en nuestro país una clara desconfianza con respecto a las élites económicas, empresariales, financieras y políticas tradicionales. Y esta cuestión puede ser altamente beneficiosa si consigue movilizar a la sociedad hacia un horizonte de bien común posible, pero también podría ser altamente perjudicial si se entrega en brazos de fuerzas nuevas, desconocidas, populistas que apuesten por la filosofía de lo imposible antes que por las realidades alcanzables. Y es que las preguntas claves siguen siendo: ¿qué podemos hacer para revertir esta situación?, ¿qué debemos hacer para que organizaciones asistenciales como Cáritas no tengan razón de ser en una sociedad equilibrada en lo social?, ¿qué podemos hacer para no generar ni vidas desperdiciadas ni parias excluidos?

Podemos cargar contra las donaciones de Amancio Ortega, contra la patronal y contra el neoliberalismo, pero no creo que salgamos del túnel filosofando sobre las superestructuras. Digo yo que será necesaria una política industrial, será necesario generar riqueza, será necesario multiplicar el surgimiento de emprendedores y empresarios, será necesario reducir nuestra deuda (y, por lo tanto, nuestra pobreza)… pues sin estos, nada desdeñables condicionantes, las posibilidades de cambio real hacia situaciones de mayor empleo digno y menor brecha económica no serán sino meros brindis al sol.

Nuestro país se encuentra en una situación de endeudamiento que, de conocerse, nos asustaría a todos (se acerca al 100% del PIB). Una de las cuestiones que se reflejan en el informe estriba precisamente en este punto: «el 75% de los encuestados no creen correcto que el Estado se haya endeudado así y deje esta carga a las generaciones futuras». Bien, si los modelos de mayor inclusión social, los que se califican en el estudio como modelo nórdico, modelo anglosajón o modelo continental, deben ser nuestra referencia, hemos de considerar también sus condiciones de financiación, pues quizás los mismos no serían tan exitosos si se desarrollaran en nuestro contexto económico.

La realidad es la que tenemos y, si el Estado no puede llegar, deberemos seguir utilizando esas «solidaridades alternativas». Pero, como dice el informe 2019, ahí quizás seamos demasiado simpáticos y menos empáticos.