Unidad política y terrorismo

Hace algo más de 15 años, tuvimos que encarar con firmeza ese momento político. La lucha policial contra ETA se mostraba insuficiente, en gran medida porque el otro polo de la oposición al terrorismo separatista se cargó sobre los hombros de una sociedad vasca temerosa y con falta de liderazgo institucional. Es importante volver a recordar que el fin de ETA no habría sido posible si las Cortes no hubieran reformado la Ley de Partidos, cortando por lo sano la proyección pública de la organización militar. Aquella Ley fue producto de un Pacto de Estado entre los dos grandes partidos. Pero qué es un acuerdo de esta naturaleza sino el triunfo de la política con mayúsculas: espacio en el que se aparcan las diferencias particulares en beneficio del interés general de la sociedad.

Mucho me temo que en la actual lucha contra el terrorismo islámico no se aprecia un nivel de unidad política como el ensayado frente a ETA. El atentado de Barcelona ha llegado en el peor momento posible en las relaciones entre el Gobierno central y el de la Generalitat. La desconfianza es máxima. Rajoy, que sufrió directamente la errónea gestión del 11-M, ha preferido mantener un perfil bajo en la crisis otorgando a Puigdemont y su equipo todo el protagonismo. Como era de esperar, el independentismo ha aprovechado la oportunidad y ha puesto en circulación la tesis de que la gestión policial del atentado demuestra que Cataluña ya está preparada para ser un Estado. En realidad, todo lo ocurrido prueba justamente lo contrario: la autonomía política de Cataluña cuenta con poderosos instrumentos organizativos y financieros, para saciar las ansias de autogobierno de los más exigentes.

El atentado de Barcelona deja también importantes interrogantes que resolver en el plano de la seguridad ciudadana. La orden de expulsión del adoctrinador de los terroristas fue rechazada por un juez, en lo que parece una negligencia de la administración y los servicios jurídicos del Estado. Asimismo, los sindicatos policiales (AUGC y SUP) han denunciado la falta de cooperación con la policía autonómica en la investigación de lo sucedido, sobre todo en lo relativo a la explosión de la casa de Alcanar. Por último, se ha apuntado la posible proliferación de imanes que pese a lo que se creía, siguen siendo claves en la labor de la radicalización de jóvenes nihilistas que encuentran en la violencia extrema un medio propicio para trascender en la era posmoderna (la rabia como motor del terror, como apuntan Olivier Roy o Pankaj Mishra). Estos interrogantes deben ser analizados de forma muy precisa, incorporando a la posible solución de problemas un enfoque global hasta ahora ausente.

Así las cosas, de nada servirá un cambio puntual en la Ley de Extranjería, si no va acompañado de una política migratoria más exigente, pendiente de las necesidades socioeconómicas del país y atenta al catastrófico devenir de la media luna cultural que va desde Afganistán a Mauritania. La cooperación policial tiene que llevarse hasta sus últimas consecuencias, pero sería infantil pensar que el crepúsculo de la lealtad institucional provocado por la emergencia del independentismo, no ha afectado ni afectará a la eficacia de las acciones antiterroristas. De momento, se afanan en convencernos de lo contrario. Igualmente, hora es de que nos demos cuenta de que la libertad religiosa tiene que someterse a un mayor control: hasta el momento, la supervisión de lo que pasaba en algunas mezquitas se ha realizado informalmente, buscando la colaboración y complicidad de una comunidad musulmana también desbordada por los acontecimientos. ¿Por qué no realizar una mayor intervención administrativa mediante un cambio en la Ley Orgánica, buscando la garantía y el equilibrio de los derechos fundamentales e intereses en juego?

Miren a su alrededor y busquen hoy la unidad necesaria que presidió la lucha contra ETA, casi hasta el final, en el panorama político español. Que existan partidos que no hayan firmado los ocho puntos del pacto antiyihadista, un acuerdo de mínimos compatible con una noción de orden público nada exigente, solo indica que nuestra división puede ser más grave que los peligros terroristas que nos acechan.