La publicación por la Unión Europea del Critical Raw Materials Act (Ley de materias primas críticas, CRMA) el año pasado significó un antes y un ... después para toda la cadena de valor de la industria extractiva, de la que dependen, como puede verse en la web www.primigea.es, más de 340.000 puestos de trabajo, que representa más de 26.500 millones de facturación y 11.300 millones en exportaciones. El primer paso de ese CRMA fue, a mediados de 2024, la convocatoria de candidaturas a proyecto estratégico, a la que se presentaron 170 de toda Europa y de terceros países. Hace dos semanas se publicó la primera selección de esos aspirantes, un total de 47 iniciativas, de las que siete son españolas.
Se conocen las cifras y el estado de la tramitación de todas ellas, por lo que me centraré en el impacto que pueden causar en la economía española, siempre que la voluntad política de las correspondientes comunidades autónomas y entidades locales cumpla con lo establecido en el CRMA, es decir, se otorguen los permisos solicitados de acuerdo con las leyes, en los plazos fijados de 27 meses para proyectos nuevos de extracción y 15 para los de procesado o los de reciclado. Además, estas propuestas tendrán un acceso preferente a la financiación.
Proyectos como La Parrilla (P6- wolframio), El Moto (wolframio), Aguablanca (níquel), Lithium Iberia (litio) o Doade (litio) pueden aportar más de un millar de puestos de trabajo directos, con inversiones de más de mil millones. Otros como Cobre Las Cruces, con inversiones cercanas a los 900 millones, o el llamado 'CirCular' de Atlantic Copper, con inversiones de más de 500 millones, aportarán casi otro millar de empleos.
A esto hay que añadir algo nunca citado por las plataformas críticas con la industria extractiva: los empleos indirectos, los ingresos para las arcas públicas y la Seguridad Social, de varios millones por año, o las infraestructuras que estas instalaciones construyen -carreteras, líneas eléctricas, canalizaciones de gas natural-, además de la formación de sus trabajadores, en empleos de alta calidad, electricistas, mecánicos, informáticos, operadores de maquinaria compleja, porque hoy, y ya hace años, la extracción no se lleva a cabo con picos y palas.
Los proyectos estratégicos se enfocan en aquellas materias imprescindibles para la transición energética y la mayor independencia de suministros de Europa. Metales como el litio, el níquel o el wolframio españoles son claves para esos objetivos, para baterías, aleaciones especiales e industria electrónica. En el caso del cobre, su consumo se quintuplicará en los próximos diez años.
Las tierras raras españolas (TTRR), aunque el proyecto de Matamulas no se haya presentado en esta convocatoria, son otro claro candidato para próximas citas, se esperan dos anuales. Su uso en aerogeneradores (unos 600 kilogramos por cada uno) o en coches eléctricos (unos 15 kilogramos por unidad), junto a la hegemonía de China (un 95% del mercado europeo), marcan estos recursos especialmente críticos dentro de los estratégicos.
Las plataformas autodenominadas ecologistas (ecologismo hipócrita que no se altera por el uso de tántalo o niobio del Congo o de las tierras raras chinas) acusan a la UE de utilizar a España «como tierra de sacrificio», porque entienden que Europa ha calificado los siete proyectos como estratégicos en el «más absoluto oscurantismo». Según ellas, no ha habido exposición pública.
El procedimiento de calificación, con cuatro expertos por proyecto y uno de ellos auditor especializado en criterios de sostenibilidad, de acuerdo a los estándares UNFC (ONU), ha seleccionado 47 de los 170 presentados a esta primera convocatoria. Este proceso no requiere exposición pública, porque su consideración como estratégicos no les va a evitar pasarla, a ninguno de ellos, en su proceso de tramitación dentro de la correspondiente comunidad autónoma.
Las acusaciones continúan comparando, como siempre, la minería en Europa con la china o la africana, aportando «pruebas», afirmando que las tierras raras son para las armas, porque un caza militar lleva 400 kilogramos (no suelen pasar de 300). Pero olvidan las que llevan los aerogeneradores o los coches eléctricos. Y, finalmente, repiten como un mantra críticas al correspondiente empresario o accionista minoritario, como si cambiando a este se fueran a modificar sus posturas críticas, cosa imposible porque eso significaría perder los cuestionables ingresos que sustentan a estas plataformas.
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