Morir en paz ya es un derecho constitucional

Cuando senadores y senadoras de diferentes grupos se pusieron en pie para aplaudir a las representantes de esas asociaciones que estaban allí presentes, en la tribuna de invitados de la Cámara Alta, una enorme corriente de emoción se apoderó de nosotros y nosotras. Habíamos dado un enorme paso. Habíamos conquistado un nuevo derecho civil, una nueva libertad pública que nos hace mejores como sociedad, como país, como Estado.

Muchas han sido las trabas y las objeciones. Empezando por las de carácter religioso. Suelen ser recurrentes esta clase de impedimentos que nos acompañan desde la época medieval. El debate sobre si el poder reside en Dios o en la soberanía popular afortunadamente ya ha quedado atrás en nuestro entorno occidental. Pero sigue presente en muchos Estados teocráticos que, a través de esta clase de subterfugios, buscan el objetivo de mantener en el poder a las clases dominantes.

Pues bien, a lo largo de estos más de cuarenta años de democracia constitucional han sido múltiples los debates en los que se mezcla lo religioso con lo profano. Divorcio, aborto, matrimonio igualitario, educación pública o, en este caso, el derecho a una muerte digna. El caso es que, al final, Galileo tenía razón y la Tierra se mueve. Como se mueve la ciudadanía.

La segunda gran objeción se basaba en el temor a que esta ley pudiera consagrar prácticas eugenésicas. Y, de hecho, los bulos inventados por los sectores más ultras iban también en esa dirección. Recuerdo que en una reunión con un grupo civil al que tuvimos el honor de recibir para trabajar la ponencia de la ley pregunté sobre esta cuestión al presidente de la entidad. Y su respuesta no dejó lugar a dudas. Reconoció que esta ley es tremendamente garantista y que la eutanasia solo se aplicará a quien de verdad lo haya solicitado libre y conscientemente.

Y en efecto es así. La ley establece un mecanismo para la aplicación de la eutanasia muy garantista, asegurando la información exhaustiva de quien la solicita. Es necesaria, además, una doble expresión clara y sin lugar a dudas de la petición. Pero además de la intervención de quien sea profesional de referencia del ámbito médico, la norma constituye una comisión encargada de velar por la garantía del proceso, tanto si se admite como si se deniega en primera instancia. Y todo ello en unos plazos claros y breves.

Pero quedaba un tercer gran impedimento para que esta ley fuera realidad. El recurso de inconstitucionalidad. Las derechas llevan recurriendo al Tribunal Constitucional cuantas leyes no les gustan, pretendiendo convertir a una Corte de garantías en una tercera cámara legislativa. El esperpento llegó cuando el Constitucional, con su mandato caducado y bajo control del PP, irrumpió en la soberanía popular que encarna el Senado y, sin que ningún senador o senadora lo hubiera solicitado, impidió el debate democrático de una ley.

Con la eutanasia lo han vuelto a intentar, en este caso la extrema derecha, pero eso ya es historia y hoy podemos afirmar que España dispone de una Ley de Eutanasia plenamente constitucional, garantista y progresista. Una norma que acaba con el sufrimiento injusto e innecesario de un ser humano y que nos convierte en una sociedad más justa y más decente.