Traspasar la Seguridad Social

Una vez más, la aprobación de una ley de Presupuestos o el éxito de una investidura llevan a la modificación del régimen competencial. El nuestro es probablemente el único federalismo del mundo donde la distribución de poderes va modificándose -siempre en el mismo sentido- de acuerdo a los intereses políticos de cada momento, tomándose el marco constitucional y estatutario como una referencia más o menos flexible a partir de la cual ir contentando sobre todo a los nacionalistas. El PNV ha hecho de su estratégica posición en las Cortes Generales el baluarte de un autogobierno, el vasco, del que es valedor político y beneficiario electoral a partes iguales.

El traspaso de competencias en materia de Seguridad Social es un asunto muy complejo. Por un lado, parece lógico que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) pase a ser gestionado por el Gobierno vasco. El Tribunal Constitucional (TC) señaló tempranamente que las comunidades autónomas pueden diseñar políticas asistenciales y no contributivas a partir de la existencia de lo que ellas mismas consideren «situaciones de necesidad». En el País Vasco contamos con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, al configurarse como prestaciones complementarias, tiene todo el sentido que sea una misma administración la que tramite ambas ayudas teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de muchas personas que tendrían que pasar por varias ventanillas para ver reconocidos sus derechos.

Cuando, sin embargo, se habla de la gestión -en el sentido que el Estatuto de Autonomía lo hace- del régimen económico de la Seguridad Social, las suspicacias, cuando no las alarmas, saltan de inmediato. Ello porque en teoría estaría en juego la 'caja única', concepto que sirve para englobar un régimen público de pensiones y otras prestaciones contributivas, que tiene el objeto de garantizar la unidad presupuestaria y la titularidad de todos los fondos de la Seguridad Social, las cuotas, los bienes y sus diversos activos. La importancia del régimen económico hizo que desde 1989 el TC declarara que las competencias legislativas y ejecutivas sobre el mismo recayeran en el Estado, con lo que además se garantizaba la efectividad del gobierno de la economía.

Dicho esto, en materia de empleo el propio TC ha admitido de forma contradictoria y poco meditada la posible gestión autonómica de lo que se denomina como «actos de encuadre» del régimen económico arriba citado: inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas y variaciones de datos de beneficiarios. Nada que en principio pudiera poner en peligro -según el propio TC- «el funcionamiento del sistema en su conjunto o la competencia exclusiva estatal». Sin embargo, los técnicos de la Seguridad Social ya han advertido de que esos «actos de encuadre» no son neutros y tienen efecto declarativo con respecto a los derechos de los beneficiarios. Por ejemplo, incluir un alta en un régimen de la Seguridad Social o en otro es importante en el contexto de las nuevas economías colaborativas, mientras que las variaciones de datos pueden determinar la cuota final por las contingencias profesionales. Esto quiere decir que no estamos ante el final de la 'caja única', pero sí, probablemente, ante el final de un sistema 'nacional' de Seguridad Social que no solo garantiza la igualdad y la lucha coordinada contra el fraude, sino que funciona de manera correcta. ¿Por qué desmontarlo?

Pues porque con el traspaso de la gestión de la Seguridad Social desaparecerá también el último rastro del Estado en el País Vasco: las oficinas y el personal pasarán a formar parte, en las condiciones que el convenio prevea, de la Administración y las redes clientelares autonómicas. De nuevo, se pierde una gran oportunidad para recordar a los ciudadanos vascos que en el asunto de las pensiones son los trabajadores españoles, en su conjunto, quienes con su esfuerzo y solidaridad equilibran el enorme déficit económico de una sociedad que ha decidido dejar de tener hijos. La disipación de los símbolos -y la presencia física del Estado no deja de ser un emblema en un contexto de identidades en competencia- contribuye a deconstruir la nación que lleva sobre sus espaldas el peso de la redistribución. Paradojas de la España confederal que se consolida.