Tiempo de memorias

Esta doble noticia coincide con la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Un texto pensado para dar reparación a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, así como para promocionar las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en línea, de nuevo, con las recomendaciones de la ONU. Este texto tiene puntos de coincidencia con la ley vasca, si bien va mucho más allá en muchos puntos que, por razones obvias de competencia, sólo a las Cortes Generales corresponden.

Este anteproyecto de ley se atreve con asuntos muy delicados: nulidad de las condenas y sanciones franquistas, la elaboración de un Censo Nacional de Víctimas, la búsqueda e identificación de personas desaparecidas (sin perjuicio de las competencias de otras administraciones), el acceso a los archivos, la reparación por bienes expoliados, la reparación por trabajos forzados; la retirada de los símbolos contrarios a la memoria democrática, medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento... También incluye la revocación de determinados títulos y honores, actuaciones dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia, la regulación de lugares de memoria como el Valle de los Caídos y otro largo etcétera que sería agotador seguir refiriendo aquí.

La ley española es una ley militante en el sentido de que aboga por una memoria no neutral o indiferente, sino una memoria democrática. Es comprensible que la memoria, si efectivamente es democrática, no guste a todos y pueda incomodar.

Necesariamente ha de molestar a quien guste de una democracia compatible con el Pazo de Meirás o la medalla a 'Billy el Niño'. De la misma forma que en nuestro entorno más cercano una memoria realmente democrática debe necesariamente incomodar a quienes no quieren mirar de frente, ante el espejo, el horror del terrorismo, del fanatismo mafioso y totalitario, o la responsabilidad de quienes lo han jaleado y justificado.

Vivimos en un tiempo de desconcierto ético. Somos capaces de elevar el listón de la exigencia ética para que nadie que haya vivido entre Fray Juan Zumarraga y Woody Allen pueda pasar por el cedazo de nuestra hipócrita superioridad. Pero de pronto se nos abre bajo nuestros pies un agujero negro inexplicable e insostenible.

Se celebran eventos públicos de agasajo y reconocimiento a los miembros de ETA que regresan tras cumplir sus condenas. En algún momento algunos quisimos creer que se trataba de algo personal, familiar, sin peso político, como quien acoge a su hijo o su amigo sin mirar lo que haya hecho, le ofrece un abrazo, un hogar y un trabajo para volver a comenzar. Pero ahora nos toca comprobar cómo con progresiva frecuencia se da significado explícito político a la acogida en forma de reconocimiento, agradecimiento caluroso a lo hecho, como forma de subrayar que aquello, el tiro en la nuca, la bomba en el coche, la delación del vecino, la persecución del diferente, no solo no estuvo mal, sino que fue una muestra de compromiso y de heroísmo. Esto no ofende solo la dignidad de las víctimas de ETA, sino la de nuestro país, y pone en peligro su apuesta por valores democráticos de memoria, convivencia, pluralismo, derechos humanos y cultura de paz.

Si nos tomamos en serio esto de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, debemos mirar tanto al Valle de los Caídos o a las cloacas del Estado, sus torturas y su GAL, como a los símbolos, enaltecimientos y justificaciones de ETA.