Sector público: la soberanía en juego

Si esto es así, ¿cómo es posible que las trabajadoras de Osakidetza tengan un salario diferente a las de Salut de la Generalitat? ¿Por qué son distintas las condiciones en el Ayuntamiento de Bilbao y en el de Zaragoza? La respuesta de nuestros gobernantes y de otros partidos es que «antes se podía y ahora no».

Aunque nuestro autogobierno cada vez es menor porque el Estado lo erosiona continuamente, no es cierto eso de que «antes se podía y ahora no». Ni la Constitución, ni el Estatuto de Gernika, ni el Amejoramiento del Fuero, ni ninguna otra ley orgánica establece que la cuantía máxima de las retribuciones en el sector público o que la cantidad de personal (tasas de reposición) sean competencia exclusiva del Estado (por medio de la Ley de Presupuestos o cualquier otra norma).

El artículo 10.4 del Estatuto de Gernika reconoce a la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) «la competencia exclusiva en Régimen Local y Estatuto de los Funcionarios del País Vasco y de su Administración Local, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.18.a de la Constitución». La Lorafna, en su artículo 49, recoge una fórmula similar. Parece, de partida, que el problema no es competencial. El problema es de voluntad política y de compromiso con las condiciones de vida y trabajo. Es inadmisible que en la parte no privatizada de nuestro sector público más de 70.000 personas tengan contrato temporal.

¿Y qué dicen los tribunales? El Gobierno vasco suele apoyarse en sentencias del Tribunal Constitucional para justificar que no tiene margen para modificar lo aprobado en Madrid. Sin embargo, esas sentencias vienen a establecer lo contrario: como norma general y básica, las competencias para determinar las condiciones laborales corresponden a la CAPV y a Navarra. Solo en situaciones excepcionales podrá el Estado invadir esa competencia para adoptar medidas concretas, puntuales y suficientemente justificadas. ¿Y entonces por qué decide Madrid?

Porque en la Ley de Presupuestos, año tras año, así se establece, alegando una supuesta situación excepcional. Cada año se aprueba la limitación de las retribuciones y de las tasas de reposición (tamaño de la plantilla pública). Con la mayoría absoluta del PP, se limitaba nuestra capacidad, y los gobiernos de Gasteiz e Iruña se quejaban, pero con la boca pequeña, ya que les venía muy bien que las decisiones (recortes) se tomaran en Madrid; así alegaban que no se podían mover.

¿Y qué pasa ahora? Que estas limitaciones se realizan con el apoyo expreso de los partidos que dicen ser soberanistas y abertzales, y que se quejan de la erosión competencial. En materias como el empleo o los salarios, los partidos vascos, con su voto (como ocurrió en los Presupuestos para 2022) ceden nuestra competencia (y con ello, una parte de nuestra soberanía) al Estado. Basta consultar las leyes de Presupuestos Generales de los 80 para comprobar cómo entonces sí se habilitaban mecanismos para decidir aquí. Está claro que el pulso de los partidos abertzales respecto al autogobierno era muy distinto al de ahora.

ELA reivindica que nuestros partidos defiendan la capacidad para decidir aquí las necesidades en empleo y no tener que pedir permiso a Madrid si hay que contratar a más enfermeras, celadores, profesoras... Esa es una vía para combatir la precariedad que sufren miles de trabajadoras y trabajadores públicos de nuestro país. Y que podamos negociar un salario y unas condiciones propias.

Tan importante como pedir las transferencias pendientes es defender las actuales, señor lehendakari. ¿Qué partido puede reclamarse soberanista si ni siquiera defiende a diario, con su voto en los parlamentos, las reducidas competencias actuales? Quien no hace lo pequeño ahora, no hará lo grande mañana.