Sáhara: por una solución acordada en el marco de la ONU

El diálogo ha de versar sobre propuestas creíbles que traten de resolver el conflicto. Se trata de demostrar que la iniciativa de una autonomía para el Sáhara Occidental, presentada por Marruecos a la ONU en 2007, sea posible y creíble.

El documento de Marruecos reconocía un Gobierno y Parlamento saharauis, y señalaba competencias en administración local, Policía y jurisdicción regional; en la esfera económica, sobre el desarrollo y planificación regional así como en presupuestos y fiscalidad; también en infraestructuras, salud, medio ambiente, educación, cultura y promoción del patrimonio saharaui. Se aseguraban la disposición de recursos financieros derivados de los impuestos acordados por los órganos regionales, la explotación de los recursos naturales del territorio y otras rentas atribuidas por el Estado marroquí. Este se adjudicaba la competencia en relaciones exteriores y en los atributos de soberanía (bandera, himno nacional y moneda), la seguridad nacional, la defensa exterior, las relaciones internacionales y el orden jurisdiccional del reino.

En todo caso, hay que seguir la resolución más reciente de la ONU sobre el problema, la número 2602 de 29 de octubre de 2021, que fija las líneas de actuación. La ONU «se compromete a ayudar a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para ambas partes, basada en la avenencia, y que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas».

Esta resolución de 2021 toma nota de la propuesta autonómica marroquí y acoge «con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución». También toma nota de la propuesta presentada al secretario general por el Frente Polisario el 10 de abril de 2007.

Se anima a las partes a que «sigan demostrando la voluntad política de alcanzar una solución, incluso ahondando en sus deliberaciones sobre las respectivas propuestas y volviendo a comprometerse con las gestiones de las Naciones Unidas con realismo y espíritu de avenencia, alentando además a los países vecinos a que contribuyan al proceso».

La ONU destaca la importancia de que las partes se comprometan a continuar el proceso de negociación mediante las conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas. Se reconoce que «el 'statu quo' no es aceptable» y se destaca que los progresos de las negociaciones son esenciales para mejorar la calidad de vida del pueblo del Sáhara Occidental en todos sus aspectos.

Pues bien, España, como país administrador de los intereses del pueblo saharaui, tiene la obligación de facilitar la reanudación de un proceso político de contactos entre las partes, como preparación de las negociaciones y con el fin de alcanzar una solución justa y aceptada por las dos partes. El objetivo es conseguir una paz duradera sobre la base de una propuesta bien definida con garantías reales de cumplimiento.

En su caso, la propuesta de un estatus de autonomía para el territorio del Sáhara, como cualquier otra opción que se pudiera plantear para debatirse y acordarse entre las partes, será sometida al final del proceso a una consulta. Como inicio del diálogo debería garantizarse el respeto a las libertades democráticas y la salvaguarda de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en Tinduf. Por ello, es de gran interés que España aporte un contingente propio a la Minurso.

Para que este proceso negociador avance y sea creíble, ha de hacerse en el marco de las resoluciones de la ONU, que ha de garantizarlo bajo el impulso y la tutela de Staffan de Mistura -enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental-, el desarrollo de las funciones encomendadas al contingente de la Minurso y el respaldo del Consejo de Seguridad.

Mientras, España haría bien en incrementar su contribución para financiar los programas de alimentos y atenciones sanitarias, con miras a garantizar que se atiendan de manera adecuada las necesidades humanitarias básicas de los refugiados saharauis.