La investigación de la Justicia belga sobre el 'Qatargate', asunto de corrupción y de lavado de reputación que implica a diversos miembros del Parlamento europeo, ha ido revelando conexiones hasta despejar una nueva certeza: la existencia de un 'Marocgate'. Las piezas desgajadas de la instrucción ... del juez bruselense Michel Claise asignan al reino alauí una presencia clave en este expediente. La consternación circulante por las instituciones de Estrasburgo y Bruselas una vez estallado el escándalo el 9 de diciembre no cedió en la reapertura de la Eurocámara el 17 de enero. A tal punto que, tras el plenario, una reunión de urgencia abría en Alsacia «la era de la sospecha».
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Influencia no es corrupción, pero ¿qué está reteniendo la opinión pública a un año de las elecciones europeas? Una vicepresidenta del Parlamento, la socialista griega Eva Kaili -destituida y expulsada de su partido, el Pasok-, junto a su compañero, el asistente parlamentario Francesco Giorgi, están encarcelados. Dos socialistas más, el italiano Andrea Cossolino y el belga Marc Tarabella -protegidos aún por su inmunidad parlamentaria-, están en el punto de mira del juez Claise. El actor principal de la organización destapada, el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri, sigue en detención preventiva, si bien bajo el estatus de 'arrepentido'. Concesión del procurador federal belga, Panzeri obtiene una condena «efectiva más limitada» a cambio de «confesiones completas». Definido en 'La Repubblica' como «un real peligro para el equilibrio democrático», el exelecto era el engranaje fundamental del sistema de injerencias utilizado por Qatar y Marruecos en las instituciones europeas.
Lamentan los eurodiputados haber sido objeto de escarnio durante las fiestas navideñas. «Esta historia ha impactado en Rumanía, cuyos ciudadanos tienen unos de los mayores índices de confianza en los organismos de la Unión», reconocía el popular Siegfried Muresan (PPE). Cunde el sentimiento de traición, decepción y rabia, especialmente entre los representantes socialistas. Si unos piden «actuar rápido para cambiar las cosas», otras como la francesa Manon Aubry, jefa de la izquierda unitaria, exigen «atacar las raíces del problema: ¡la cultura de la impunidad, de la opacidad que deja la puerta abierta de par en par a todas las injerencias!»
Para recuperar la confianza de los europeos, la integridad, independencia y responsabilidad de los electos, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento, ha lanzado algunas medidas: prohibición de unirse a un 'lobby' al menos durante un año después de dejar el mandato, máxima publicidad para las reuniones de los diputados, supresión de los grupos de amistad, declaraciones de los potenciales conflictos de intereses. Los Verdes alemanes exigen la aplicación real de estas directrices además de una declaración de patrimonio de los elegidos al principio y al final de su ejercicio. Sin olvidar un estatuto de protección para los lanzadores de alertas. El Partido Popular europeo requiere un mejor control de las organizaciones no gubernamentales que merodean por los despachos para evitar trayectorias como la de la ONG Fight Impunity.
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Creada por Panzeri, la instrucción belga prueba su desenvoltura en el corazón de Bruselas recibiendo a ministros de Qatar o diplomáticos marroquíes al parecer a cambio de cuantiosas sumas que «corrigen» las imágenes internacionales de sus respectivos países. En el caso del emirato, Fight Impunity ha dulcificado las estimaciones sobre las muertes de obreros en las construcciones del Mundial de Fútbol y sus actuales condiciones laborales; sobre Marruecos, defiende el principio de soberanía sobre el Sáhara occidental, apaga detalles sobre la violación de los derechos humanos y la libertad de prensa.
«Durante veinte años, las élites europeas han desplegado una ingenuidad culpable», estima Raphaël Glucksmann (Socialistas & Demócratas). Antiguamente, la Asamblea apenas tenía poderes y el compromiso de regularlos parecía secundario. El mundo ha cambiado, sin que la institución se haya amoldado a su nueva coyuntura. Sin embargo, el desarrollo del Parlamento europeo, su potencial, no pasan desapercibidos para los países terceros. Hoy, además de 25.000 'lobbystas', Bruselas acoge a 8.000 diplomáticos. El 'saber hacer' también ha progresado. Un ejemplo. El 18 de enero, parlamentarios marroquíes presionaban en Estrasburgo cuando el hemiciclo se disponía, por primera vez en 20 años, a votar una resolución sobre la represión de periodistas en el reino alauí. Sus «comentarios» sobre el texto en preparación llegaron a los grupos políticos antes que estos dispusiesen del proyecto de resolución.
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En cada plenario, los eurodiputados votan sobre resoluciones que denuncian abusos de derechos humanos en el mundo. Carecen de valor jurídico internacional, pero son escrutados muy de cerca por los regímenes autoritarios. El combate por la libertad define la UE; sin añadir carga burocrática, una autoridad especial para la transparencia de la vida pública aseguraría la limpieza de sus resoluciones y la ejemplaridad europea en moralidad política.
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