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La iniciativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para financiar mejoras en la competencia lectora y matemática de los estudiantes españoles tras los resultados obtenidos ... en la última edición del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) ha sido una de las noticias más relevantes en el mundo educativo este comienzo del año. Lo ha sido ya que, pese a que las competencias en esta materia tienen un marcado carácter autonómico y su aplicación dependerá finalmente de la voluntad de cada comunidad, pone el foco en el problema que delatan estos malos resultados.
Estamos ante una cuestión que afecta de lleno a los estudiantes vascos, porque aquí tampoco nos hemos sustraído al descenso ocurrido en la mayoría de los países que realizaron estas pruebas en 2022. Más aún, nuestra caída ha sido una de las mayores y marca un nuevo hito en el declive persistente de nuestros rendimientos educativos, comprobado tanto si se acude a pruebas internacionales como a evaluaciones internas practicadas por el propio Ejecutivo autonómico.
PISA explica que, en diez años, hemos perdido un curso completo en cuanto a competencia lectora y casi otro en la matemática. Y cuando el Departamento de Educación del Gobierno vasco libere los últimos datos (algo que con esta Administración siempre resulta una incógnita) comprobaremos que, según nuestras propias evaluaciones, en la actualidad más del 52% de nuestros estudiantes no supera el nivel inicial en la comunicación lingüística en euskara en 2º curso de ESO, más de un 30% no lo hace en castellano, un 23% en inglés, un 34% en la competencia científica y un 18% en la matemática, cuando los objetivos que tenemos marcados en la Unión Europea son que esos porcentajes no superen, en ningún caso, el 15%.
Habrá quien piense que esto tiene que ver con el crecimiento del alumnado de origen extranjero. Y es verdad que este alumnado sufre un diferencial de competencia respecto al nacional insoportable, el más alto de toda España y de la OCDE. Pero es que el rendimiento del autóctono cosecha descensos semejantes, cuando no mayores. Y no completa la explicación el bajo índice socioeconómico y cultural de las familias (ISEC), aunque sus efectos sean terriblemente relevantes. Efectivamente, quienes son más vulnerables obtienen peores resultados, pero aquellos que están en situación más ventajosa tampoco llegan a las referencias de sus semejantes a pocos kilómetros. Recordemos que obtuvimos la peor puntuación de todas las comunidades autónomas cuando participamos en la prueba Pirls, pese a tener el ISEC más alto.
Alguien creerá, equivocadamente, que este es un problema de la enseñanza pública al ver nuestros centros públicos en el noveno puesto en competencia matemática, comparando con sus homólogos de otras comunidades, mientras que nuestros centros privados, si cotejamos con sus equivalentes, están un puesto por encima en dicho ránking. Quien se consuela con esa diferencia, y piensa que esta crisis de resultados le es ajena, olvida que la posición se invierte en el caso de la lectura: los centros públicos vascos son los penúltimos, pero es que los centros vascos de titularidad privada son los últimos en la comparación con sus pares.
Nuestra comunidad ignoró la primera señal de alarma que proporcionó la Evaluación de Diagnóstico practicada en 2015. Lo mismo hizo con los desastrosos datos que ofreció Pirls un año después, fiasco del que ni siquiera elaboró el preceptivo análisis, precedente de los retrasos y recortes de información en evaluaciones posteriores. Tan solo anunció un Plan Lector, pero, al igual que ahora, sin siquiera reconocer los problemas, sin investigación ni reflexión, desviando la responsabilidad, una vez más, a unos centros educativos desasistidos de orientaciones claras y recursos eficaces. El balance de esa falta de compromiso lo hemos obtenido en estas pruebas PISA que nos marcan como la segunda comunidad con el nivel socioeconómico y cultural más alto, pero la decimocuarta en competencia lectora.
Mejorar estos pésimos resultados pasa imprescindiblemente por analizar las razones concretas de nuestro fracaso, desterrar los tabúes que nos coartan y las ocurrencias que no funcionan y trabajar, por el contrario, sobre evidencias. Ahora bien, ni siquiera disponemos de un informe propio sobre esta última edición de PISA, pese a que la OCDE facilitó todos los datos a Educación a primeros de diciembre, y menos aún intentamos un análisis amplio y compartido. Despreciamos las recomendaciones de la Unesco o el Banco Mundial para hacer más efectivas nuestras políticas educativas, y es probable que ignoremos asimismo el llamamiento realizado por Naciones Unidas, recordado en la Declaración Toyama-Kanazawa del G-7 pasado, que planteaba la «necesidad urgente de invertir más, de manera más equitativa y más eficiente». Y es que nosotros llevamos mal eso de financiar más la educación, y mucho peor lo de hacerlo con más equidad y más eficiencia. Así nos va.
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