El 4 de noviembre de 2022, Jokin Bildarratz, como titular de Educación, anunció un incremento de más de 60 millones en la financiación del Consorcio Haurreskolak con el objetivo de hacer frente al reto demográfico y en coherencia con los acuerdos suscritos con distintos partidos ... en abril de aquel mismo año. Supuestamente, tal cantidad iba a permitir tanto la gratuidad en todos los centros del consorcio a partir del curso siguiente como la ampliación de su oferta.

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El 13 de diciembre de ese año, en la conferencia sectorial que agrupa al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas, el consejero vasco declinó 11 millones adicionales de los fondos 'Next Generation' por innecesarios para esa función. Dos meses después, el 21 de febrero de 2023, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, en carta dirigida a la ministra Pilar Alegría, ratificó el argumento planteando, «a la vista de la situación de nuestra comunidad autónoma en el ámbito del ciclo educativo 0-3 años, la posibilidad de redirigir los aludidos fondos a dar respuesta a otras necesidades». Y el 31 de marzo de 2023, el lehendakari Iñigo Urkullu ratificó con total solemnidad esa supuesta capacidad en su respuesta a la entonces parlamentaria Miren Gorrotxategi: «Euskadin, plazen eskaintza publikoa nahikoa da dagoen eskariari erantzun egokia emateko».

Pero no había tal suficiencia, y decenas de familias vieron denegada su solicitud el siguiente curso. Y el próximo, sumarán varios cientos los niños y niñas menores de dos años sin plaza en estos centros públicos. Había financiación europea para resolver la escasez, pero no se usó. Es más, se rechazó con una arrogancia inusitada, creando una de esas situaciones absurdas propias de una novela de Franz Kafka, el gran escritor fallecido hace ahora cien años. Afortunadamente, el carácter finalista de los fondos impidió su desvío y, al parecer, el dinero todavía puede ser empleado para lo que acaba de ser comprometido oficialmente: extender la oferta pública en ese tramo educativo.

Resulta igualmente kafkiano el camino a la gratuidad de la enseñanza concertada en el País Vasco. Recientemente, el Departamento de Educación manifestó su disposición a «proceder al estudio de los módulos de conciertos y el acuerdo sobre la cuantificación y el ritmo de ejecución que aseguraría la gratuidad real de un centro». Un nuevo subterfugio para cobijar más tiempo aún las prácticas irregulares que se realizan en la mayoría de centros concertados, como ha aclarado la investigación de Esade EcPol, que, con datos oficiales, certifica el cobro generalizado en Euskadi de cuotas indebidas a las familias.

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Se enreda Educación con alambicadas redacciones, pero la dificultad principal no radica en la definición de costes, a la que también alude el acuerdo entre los partidos que sustentan al nuevo Gobierno, ni en la infrafinanciación, situación limitada a un exiguo número de centros concertados. El problema es que la enseñanza concertada ha entrado en una espiral de competencia que el Ejecutivo no sabe o no quiere detener. Esto es, los centros reciben financiación pública para sus actividades y recaban asimismo financiación a las familias para ofrecer más y mejores servicios, seleccionando en consecuencia a su alumnado. Si encuentran un número suficiente de 'clientes' que acepte, el bucle continúa, y el resultado es un reparto del dinero cada vez más ineficiente que poco tiene que ver con el mapa real de necesidades. Así, la gratuidad comprometida semeja una senda que, como la del castillo de Kafka, se emprende una y otra vez sin que nunca se llegue a alcanzar el destino.

Y como colofón, el Departamento de Educación, incapaz de resolver carencias acuciantes, acaba ofreciendo un disparate a las patronales del sector: la financiación de «programas de euskaldunización dirigidos a las familias que forman parte de la comunidad educativa del centro, con el objetivo de que el euskera sea la 'lengua de acogida' en los centros». Aparte del olvido de la apuesta bilingüe sancionada en nuestra legislación, tal ocurrencia parece otra nueva aportación gubernamental a la memoria del conocido escritor.

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Lo que es una dificultad para la debida recepción de menos de un 5% de las familias que no conoce ninguna de las dos lenguas oficiales del País Vasco, ¿lo vamos a ampliar y convertir también en un aprieto para el 50% que solo conoce una de ellas? ¿No somos capaces de mejorar los aprendizajes en euskara y en el resto de áreas curriculares de nuestro alumnado -datos, por cierto, más inaccesibles que las razones por las que procesan a Josef K.- y pretendemos ampliar el problema a sus familias? ¿No nos basta con los problemas que tenemos y no solucionamos?

Esperemos que el nuevo Gobierno encuentre formas más fructíferas de recordar al genio de Praga -que gustaba de hablar en checo y escribir en alemán- que no sean transformar la política educativa vasca en un remedo de sus conocidas obras.

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