Educar contra toda evidencia

Sus valedores insistían en que con tales bases despuntaríamos en excelencia, equidad y eficiencia. Sin embargo, los datos desvelados, finalmente, revelan una escasa proporción de alumnado en el nivel avanzado y muchos estudiantes que no superan el nivel inicial, lo que contradice tanto la excelencia como la eficiencia. Y con su logro fuertemente condicionado por el origen, cuestionando la equidad. Euskadi aparece ya como la comunidad con mayor nivel de segregación escolar por origen nacional y la segunda con mayor segregación por origen social.

Pero el Departamento de Educación persiste impasible en estas líneas que no aportan ningún beneficio. Por cierto, con un desprecio absoluto a la legalidad del que sobran los ejemplos. Como presentar un nuevo currículo, hace ahora justo un año, sin haber iniciado tan siquiera el procedimiento de elaboración del decreto que lo amparase. O remitirlo a los centros docentes en junio, aparentando estar aprobado, sin contar con uno solo de los dictámenes preceptivos, forzando a los centros a trabajar irregularmente, lo que le afean sus propios servicios jurídicos.

Tal desastre procedimental en una cuestión tan fundamental, como es la definición de lo que deben aprender los estudiantes vascos, no resulta una excepción. Cada nuevo procedimiento desnuda al anterior y así, en su dictamen sobre el decreto de planificación, la Comisión Jurídica Asesora reprocha a la consejería de Educación la regulación de los conciertos educativos suscritos con los centros privados de enseñanza. Y queda en el aire que los tribunales lo dejen en una simple reprimenda o que los anulen por defecto grave en el procedimiento.

No se trata exclusivamente de problemas de forma. La norma de planificación recientemente aprobada ha sido la primera, aunque no la única, que intenta recortar, a sabiendas, el derecho a una plaza pública que dispone la vigente ley orgánica, pese al recuerdo unánime de todos los órganos que han realizado los informes previos. Y lo deja en una presunta garantía de plaza gratuita, que no es lo mismo, especialmente con una Administración proclive a inhibirse en su deber de inspección y control. Una vía que pretende continuar con la Ley Vasca de Educación.

Al contrario de la llamada Ley Celaá (por surgir a iniciativa de la anterior ministra de Educación) el diseño de Bildarratz relativiza los compromisos. La norma básica estatal declara, de forma diáfana, que el segundo ciclo de educación infantil, esto es, el nivel de enseñanza de tres a seis años, «será gratuito». El borrador vasco, por el contrario, solo indica que el Ejecutivo «podrá» decretar esa gratuidad. La diferencia es clara, nuestro proyecto elude lo que la LOE compromete. Y lo mismo ocurre con la ordenación del primer ciclo o la enseñanza obligatoria.

También en la regulación de los nuevos currículos rehusa, conscientemente, asegurar otro derecho como es recibir una enseñanza bilingüe, contra la petición explícita de la Dirección de Régimen Jurídico para que atienda a los preceptos constitucionales rubricados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias, y se sujete «a un patrón de equilibrio o igualdad». Aspecto que Educación evita, con invocaciones confusas al plurilingüismo que no llegan a ocultar que, con su norma, solo la lengua vasca podría vehicular los aprendizajes de todo el alumnado.

La investigación ha probado que los escolares obtienen mejores rendimientos cuando se trabaja con adaptación y flexibilidad, el primer idioma no resulta relegado y no es una única lengua el vehículo exclusivo para adquirir todas las competencias. Lo contrario supone colocar piedras en la consecución de su éxito escolar, levantar barreras para la cohesión social y crear obstáculos en el progreso económico. Pero el consejero de Educación confía en encontrar una mayoría suficiente que avale su huida hacia delante, sea por atadura o por convencimiento.

Lo más grave es que marcha hacia el abismo poniendo en primera fila a nuestros estudiantes, su formación y su futuro, insistiendo en tres principios erróneos: que solo una lengua debe vehicular los aprendizajes del alumnado, que todos los centros, independientemente de sobre qué realidades actúen, deben contar con la misma financiación, y que el derecho de elección de centro debe primar sobre el derecho de cada estudiante al logro educativo. Esto caracteriza verdaderamente nuestra educación: que navega ciega a toda máquina contra toda evidencia.