Discriminación por ley

Así, en el ámbito de la educación y la lengua vascas, nuestro Parlamento dio lo mejor y lo peor de sí en pocos meses. Consiguió su mayor logro con una Ley del Euskera asumida por una amplia y plural mayoría que ha pervivido durante todo este tiempo con un importante fruto, pero cosechó su mayor fracaso con la Ley del Eike, que ni siquiera llegó a aplicarse. Texto inútil que fracasó pese a su aprobación con los votos del PNV (Herri Batasuna no participaba en los debates parlamentarios) y a contar con el apoyo externo de las federaciones de ikastolas.

Aquella regulación, más allá de su sesgo partidista, pretendía, como hace el proyecto de ley presentado recientemente en el Parlamento vasco, otorgar un tratamiento público a lo que no era tal, creando una confusa red compuesta de centros públicos, parapúblicos -las ikastolas de aquel momento- y privados concertados. Y en ese origen tan parcial como equivocado radicó la principal razón del anunciado fiasco. Parafraseando al lehendakari en el último Pleno de Política General, aquella ley desaprovechó su «oportunidad histórica».

El proyecto de ley que tiene entre sus manos la Cámara vasca coquetea igualmente con el fracaso. Concebido desde un pacto inicial entre nacionalistas -a diferencia de las leyes del Euskera de 1982, de Consejos Escolares de 1988 o de la Escuela Pública Vasca de 1993 aún vigentes-, ampuloso en su redacción hasta el extremo, el texto evita el análisis tanto del momento como del camino recorrido. Nada recoge de los compromisos del pasado, menos aún aborda los problemas del presente. Solo prepara el gran salto… al vacío.

Olvidemos por un momento que los currículos educativos han sido aprobados con nueve meses de retraso, que las instrucciones para organizar los centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria se han publicado catorce días después de comenzado el curso, que el mecanismo de matriculación para frenar la segregación se aprovecha para una planificación encubierta, que la inseguridad jurídica ha crecido y que los problemas en la gestión diaria están alcanzando magnitudes terriblemente preocupantes.

Centrémonos un momento en recordar que sufrimos un decenio de resultados escolares decrecientes, y que las dificultades de acceder a un buen nivel competencial por parte de los estudiantes con menores recursos son más grandes en nuestra comunidad que en otros lugares. Esto es, los diferenciales de rendimientos escolares entre quienes tienen y no tienen alcanzan las más altas cotas de nuestro entorno, sea este español o europeo. Pero nada de ello obtiene una respuesta sólida y eficaz en el texto del proyecto de ley presentado.

Los datos y las investigaciones corroboran la repercusión negativa en los resultados tanto de la segregación escolar como de la ausencia de presencia de la primera lengua del estudiante en su instrucción. De hecho, en Euskadi y pese a nuestro Gobierno -necesaria, pero espantosa aclaración-, sabemos por ejemplo que el alumnado que estudia matemáticas en la lengua de su entorno familiar o social más cercano, sea esta la lengua vasca o la lengua castellana, obtiene mayores logros. Sin embargo, los impulsores de esta ley pretenden que esa posibilidad solo esté al alcance del alumnado de origen vascohablante, contradiciendo por cierto el artículo 15 de la vigente Ley de uso del Euskera.

Los objetivos que plantea el proyecto depositado en el Parlamento vasco -B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas al final de la Educación Primaria y B2 al término de la Enseñanza Secundaria Obligatoria- en el caso del euskera, además de inapropiados, únicamente son asequibles para alumnado vascohablante o de familias con alto nivel socioeconómico y cultural, y esto último ni siquiera en muchos casos. Y a los centros educativos se les abandonará, como ha recordado Educación, con la responsabilidad de alcanzar unos niveles inaccesibles para la gran mayoría.

Es hora de ser muy claros. Este próximo lunes concluye el plazo de enmiendas a este proyecto. Si la redacción presentada en el Parlamento vasco resulta aceptada en sus términos, solo una minoría de estudiantes tendrá derecho al éxito educativo, mientras que la mayoría de la población escolar en Euskadi lo tendrá más difícil, y eso no tiene otro nombre más que discriminación. Una discriminación que sus señorías habrán entonces elevado a ley.