El otro concierto

La investigación de Esade EcPol pone negro sobre blanco el incumplimiento de este contrato en buena parte de los centros educativos de titularidad privada que, pese al concierto, demandan a las familias el pago de cuotas sin ninguna cobertura legal, una práctica que, con datos oficiales, se observa que se encuentra totalmente generalizada en Euskadi. Tanto que el derecho a la elección de centro, consecuencia del artículo 27 de la Constitución que ampara el pluralismo en la esfera educativa, se ha transformado en coartada para la selección de alumnado.

La segregación escolar consiguiente se aprecia fácilmente cuando observamos la realidad. Si ordenamos los centros educativos vascos que imparten Educación Secundaria Obligatoria por el nivel sociocultural de sus estudiantes, no encontramos ninguno de titularidad pública entre los 50 primeros de la lista. Ninguno. Visto desde abajo: de los 84 centros de Educación Primaria con alto nivel de complejidad educativa, solo ocho son centros privados concertados. Los otros 76 son centros públicos. Esto es, el sistema educativo reproduce o incluso amplifica la desigualdad social existente. Y un mecanismo para ello es el cobro indebido a las familias.

¿Por qué colaboran de buen grado muchas de ellas? «Yo busco un colegio con unos valores (…) y con un tipo de alumnado», manifestaba una madre al cuestionario planteado por el Gobierno vasco sobre la nueva ley educativa, y que la consultora contratada al efecto exponía como ejemplo de una concepción social muy arraigada. Un planteamiento equivocado, pero que los poderes públicos, contradictoriamente a su función, promueven de forma decisiva cuando renuncian al control de la financiación, permitiendo que la enseñanza no se imparta en condiciones reales de gratuidad en casi la mitad de los centros.

La inacción de la Administración incrementa la gravedad de una inequidad que ya existe por razones ajenas al hecho educativo. Y negar que este proceder sea ilegal, como incluso porfía el consejero de Educación saliente, en causa común con algunos representantes concernidos de centros concertados, supone entregar la enseñanza a las leyes del mercado, lo cual, por cierto, es plenamente constitucional, como se puede observar en el artículo 38 de nuestro pacto constitutivo, pero sin ayuda pública. Y soplar y sorber no puede ser.

El informe de Esade EcPol permite saber que esa sobrefinanciación que reciben la mayoría de centros educativos vascos va destinada, en gran parte de los casos, a incrementar sus servicios educativos, facilitando así la espiral de competencia que demandaba el fundador de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, referencia fundamental para el nuevo presidente argentino Javier Milei, y posiblemente también para muchos de nuestros propios dirigentes políticos y gestores educativos, aunque les falte su osadía para confesarlo.

Sin embargo, la introducción del mercado en la educación no tiene beneficios contrastados y sí perniciosos efectos, como aclaran diversos análisis internacionales practicados. Y el caso vasco es buena muestra. Ser la comunidad autónoma en la que los centros de titularidad privada reciben la mayor financiación pública y también privada ha fomentado ineficiencia económica y acrecentado hasta extremos inmanejables la complejidad educativa, por mucho que las autoridades lo intenten ocultar. Por cierto, permitan una digresión: ¿recuerdan aquello de que los datos de las últimas evaluaciones de rendimientos no saldrían a la luz en los plazos previstos? Pues así ha sido, y seguirá si no media presión ciudadana.

Quien ignora las reglas básicas de la democracia en el tratamiento de problemas en gran medida creados o acrecentados por su propia política no suele saber resolverlos. Y en esta cuestión, tampoco. La dificultad no estriba en nuestra pluralidad ni en nuestra diversidad, que son consustanciales a la condición humana, sino en la gestión que hacemos de las mismas. Aquí no valen excusas de que el Gobierno no sabe hacer los cálculos. ¿O es que ambas partes se comprometen sabiendo que van a hacerse trampas? Cuando se firma un contrato, lo correcto es cumplirlo. Las recomendaciones de los analistas de Esade EcPol apuntan en la dirección correcta, pero la solución para que la educación escape de la lógica del mercado me la dio un compañero, profesor de algo tan prosaico como Física y Química: que se financie lo que realmente se hace y no lo que se promete.